La intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia ya comenzó a generar consecuencias económicas para la Dirección Provincial de Puertos (DPP), según advirtió su vicepresidente, Miguel Ramírez. El funcionario aseguró que el organismo comenzó a utilizar las reservas que mantenía para obras de infraestructura y mantenimiento con el objetivo de garantizar su funcionamiento, una situación que, afirmó, podría afectar el desarrollo portuario y la actividad turística de la provincia.
Ramírez explicó que la DPP había constituido un fondo de reserva para financiar proyectos estratégicos y asegurar el pago de salarios durante más de un año. Sin embargo, sostuvo que esos recursos «están siendo utilizados para sostener la operatoria diaria», por lo que se están «comiendo los ahorros», los cuales habían «reservado para hacer reparaciones e inversiones».
Según indicó, el organismo cuenta con un margen financiero de entre 14 y 15 meses, mientras afronta una masa salarial cercana a los 200 millones de pesos mensuales para sus 162 trabajadores. En este mismo sentido, remarcó que el fondo acumulado era resultado de «una administración responsable» y alertó que, cuanto más se prolongue la intervención, menor será la capacidad de afrontar futuras obras.
Asimismo, también expresó preocupación por el destino de los ingresos generados por la actividad portuaria. En ese marco, sostuvo que durante la última temporada de cruceros «entre seis y siete millones de dólares fueron depositados en cuentas que no pertenecen a la provincia», y afirmó que esos recursos «son de todos los fueguinos, no de una gestión en particular».
Con respecto del plano judicial, el vicepresidente de la DPP consideró que el reciente dictamen de la Procuración del Tesoro fortalece la posición de Tierra del Fuego al reconocer el carácter autárquico del organismo. A su entender, esa definición abre dos escenarios posibles: que la Corte Suprema resuelva directamente la restitución del control del puerto a la provincia o que el expediente vuelva a la Justicia Federal fueguina. En cualquiera de los casos, aseguró mantener expectativas positivas y afirmó que «somos optimistas sobre el desenlace del proceso».
El funcionario también cuestionó la forma en que se concretó la intervención nacional. Sostuvo que la Provincia eligió recurrir a las vías administrativas y judiciales para defender sus competencias, mientras que Nación «actuó con apresuramiento y de mala fe». Incluso denunció que las autoridades nacionales «ingresaron al puerto durante la noche con la complicidad de la Prefectura Naval», y afirmó que el verdadero interés de la intervención «no era el que se expresó oficialmente».
En el plano operativo, aseguró que desde la intervención se registraron problemas de funcionamiento, falta de mantenimiento y un incremento significativo en algunos costos. Como ejemplo, mencionó que el servicio de seguridad privada pasó de representar alrededor de 30 millones de pesos mensuales a unos 80 millones, situación que calificó como «uno de los desmanejos que hoy se observan».
Asimismo, denunció que maquinaria perteneciente a la Dirección Provincial de Puertos estaría siendo utilizada por empresas privadas mientras permanecen postergadas tareas de mantenimiento esenciales, y afirmó que ni las autoridades provinciales, ni legisladores ni integrantes del Tribunal de Cuentas pueden ingresar libremente al predio portuario.
Finalmente, Ramírez advirtió que la continuidad de este escenario podría tener consecuencias sobre la actividad turística. Recordó que Ushuaia logró consolidarse como uno de los principales destinos de cruceros tras la pandemia y señaló que el deterioro de la infraestructura y de la logística podría favorecer que algunas compañías evalúen operar desde puertos chilenos. «Recuperar ese posicionamiento llevó muchos años; perderlo puede ocurrir mucho más rápido».
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