La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo frente judicial, debido a que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda para frenar la aplicación de artículos vinculados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El sindicato estatal considerara que el mecanismo compromete recursos del sistema previsional y pone en riesgo el financiamiento de las jubilaciones.
El reclamo apunta específicamente contra el artículo 76 de la Ley 27.802 y el artículo 24 del Decreto 408/2026. Además, el sindicato solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de las normas mientras avanza el proceso judicial.
Desde ATE sostienen que el nuevo esquema permite a los empleadores descontar de sus contribuciones previsionales los aportes destinados al FAL, generando un impacto directo sobre los ingresos del sistema jubilatorio. Según advirtieron, esto podría provocar una fuerte pérdida de recursos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
«Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde», afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Asimismo, aseguró que el mecanismo «terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado» y consideró que se trata de «un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes».
En esta misma línea, Aguiar sostuvo que la medida afectará las posibilidades de recuperación del poder adquisitivo de los jubilados, por lo que reclamó que «la Justicia debe intervenir y no dudar en defender los intereses de los jubilados», ya que considera que son los «más afectados por el programa económico de Milei».
Desde el sindicato estimaron que el impacto económico podría superar los 3.000 millones de dólares anuales. Según sus cálculos, si los aportes al FAL alcanzan el tope previsto del 3%, el sistema previsional perdería alrededor del 16,5% de sus ingresos.
Por su parte, la presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, Noelia Guzmán, advirtió que la normativa pone en riesgo el «sistema previsional», entre ellos, «el derecho a la seguridad social, la movilidad jubilatoria, la solidaridad como eje rector del sistema y la sustentabilidad del régimen previsional argentino».
Asimismo, remarcó que «si no frenamos esto ahora, mañana no va a haber plata ni para las jubilaciones actuales ni para las futuras. Es un ataque directo a la Seguridad Social».
La presentación judicial fue realizada como una acción colectiva en representación de jubilados, pensionados y trabajadores que realizan aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). ATE argumentó que la normativa vulnera derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por tratados internacionales vinculados a la protección de las personas mayores y la seguridad social.
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