El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó dos iniciativas que, de manera complementaria, buscan fortalecer el desarrollo deportivo en las regiones de clima frío, especialmente en la Patagonia y el sur argentino.
Se trata, por un lado, de un proyecto de resolución que propone declarar de interés nacional el desarrollo del deporte invernal, y por otro, de un proyecto de ley que establece la emergencia económica de los clubes deportivos en zonas frías, incorporando innovadores mecanismos de financiamiento y reducción de costos energéticos.
Ambas iniciativas responden a una visión integral: consolidar al deporte como motor de desarrollo regional, inclusión social y afirmación territorial, al tiempo que se abordan las condiciones estructurales que hoy limitan su crecimiento.
El proyecto de promoción del deporte invernal reconoce a estas disciplinas como un eje estratégico para la Argentina, no solo en términos deportivos, sino también económicos y geopolíticos. La iniciativa plantea avanzar hacia un Plan Nacional de Desarrollo del Deporte Invernal, promover inversiones en infraestructura, garantizar el acceso equitativo a la formación deportiva y potenciar la articulación con el turismo y la producción local. En este sentido, el deporte invernal es concebido como una herramienta clave para generar empleo, atraer inversiones y fortalecer el arraigo poblacional en territorios de baja densidad, contribuyendo además al posicionamiento internacional del país en disciplinas donde hoy tiene un desarrollo limitado.
Sin embargo, este impulso al deporte en regiones australes enfrenta un obstáculo estructural: elalto costo energético que afecta especialmente a los clubes deportivos, espacios para la práctica deportiva y la contención social.
Frente a esta realidad, el segundo proyecto declara la emergencia económica de los clubes en zonas frías y propone un cambio de enfoque en la política pública. En lugar de depender exclusivamente de subsidios, se impulsa un modelo basado en la eficiencia energética, la inversión privada y la sostenibilidad a largo plazo.
La iniciativa establece un esquema de reducción tarifaria condicionado a mejoras en eficiencia energética, junto con la creación de un programa específico para la modernización de infraestructura.
Además, incorpora incentivos fiscales para movilizar inversión privada y promueve la participación de empresas energéticas mediante esquemas innovadores como el modelo ESCO (Energy Service Company o Empresa de Servicios Energéticos), que permite financiar obras a partir del ahorro energético generado.
Una ESCO es una compañía que financia e implementa mejoras para reducir el consumo de energía —como sistemas de calefacción más eficientes o mejor aislamiento— sin que el club tenga que hacer una inversión inicial. La empresa recupera su inversión a partir del ahorro generado en las facturas energéticas durante un período determinado, y una vez finalizado ese plazo, el beneficio económico queda íntegramente para la institución, reduciendo de manera permanente sus costos operativos.
Además, las empresas y particulares que realicen aportes a clubes en este sentido, puedan deducirlos del Impuesto a las Ganancias o computarlos como crédito fiscal por única vez. De este modo, se promueve el financiamiento de infraestructura y mejoras energéticas sin aumentar el gasto público directo, generando un esquema virtuoso donde el sector privado participa activamente en el fortalecimiento del deporte y las instituciones comunitarias.
Desde una perspectiva social, ambos proyectos destacan el rol central de los clubes como espacios de integración, formación y desarrollo comunitario, especialmente en regiones donde las condiciones climáticas obligan a la práctica deportiva en ámbitos cerrados.
“Promover el deporte en la Patagonia no puede pensarse sin resolver las condiciones materiales que lo hacen posible. Estas iniciativas forman parte de una misma estrategia: potenciar el desarrollo deportivo mientras se fortalecen las instituciones que lo sostienen”, señaló el legislador.
En conjunto, las propuestas delinean una política pública coherente que articula desarrollo deportivo, sostenibilidad económica e integración territorial, con el objetivo de reducir las desigualdades regionales y consolidar una presencia activa del Estado en zonas estratégicas del país.
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