El 1 de junio de 1991 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dejó de ser, al menos en términos jurídicos, un Territorio Nacional. La jura de la Constitución provincial inauguró una nueva etapa institucional para el extremo austral argentino, aunque aquel acontecimiento no puede comprenderse únicamente como un cambio administrativo. La provincialización fue el resultado de un largo proceso histórico atravesado por disputas geopolíticas, transformaciones económicas, migraciones internas y nuevas configuraciones del poder local.
Hasta entonces, Tierra del Fuego había permanecido bajo una lógica territorial dependiente del poder central. Durante décadas, el Estado nacional organizó el espacio fueguino desde una perspectiva estratégica vinculada al control soberano del Atlántico Sur, el acceso antártico y las tensiones limítrofes con Chile. En ese marco, la Ley 19.640 de promoción industrial, sancionada en 1972, alteró profundamente la estructura social de la isla. El crecimiento industrial aceleró la llegada de trabajadores migrantes provenientes de distintas regiones del país y modificó radicalmente el paisaje urbano, especialmente en Río Grande y Ushuaia.Por Franco Riquelme (*)
En apenas dos décadas, el territorio multiplicó su población, expandió su infraestructura y consolidó nuevas organizaciones sindicales, empresariales y políticas. Aquella sociedad que hacia 1970 apenas superaba los trece mil habitantes comenzó a demandar instituciones propias y mayores márgenes de autonomía. La provincialización emergió entonces como expresión de una sociedad que ya no podía ser administrada únicamente desde Buenos Aires.
Sin embargo, el nacimiento de la provincia también evidenció tensiones profundas. La conformación del nuevo Estado fueguino implicó la disputa por el control político, económico y territorial de una región que desde hacía años experimentaba un acelerado proceso de acumulación de capital. La emergente burguesía local, fortalecida al calor del crecimiento inmobiliario, comercial y turístico, buscó ocupar un lugar central en la organización del nuevo escenario institucional. En ese contexto, la Constitución de 1991 no sólo organizó jurídicamente una provincia: también expresó relaciones de fuerza, proyectos de desarrollo y disputas por el futuro del territorio austral.
La fotografía de aquella jornada —la presidenta de la Convención Constituyente Elena Rubio de Mingorance solicitando jurar la Constitución provincial— sintetiza un momento fundacional. Pero detrás de la ceremonia institucional existía una historia más extensa: la del paso de un territorio periférico y militarizado a una provincia atravesada por las contradicciones del desarrollo dependiente.
¿Qué debemos entender por desarrollo dependiente? En las ciencias sociales, el concepto busca explicar una situación más compleja: economías y sociedades que crecen, pero cuyos principales motores continúan atados a decisiones externas.
En el caso de Tierra del Fuego, gran parte de su crecimiento económico y poblacional estuvo vinculado históricamente a políticas impulsadas desde el Estado nacional. La promoción industrial, por ejemplo, permitió la instalación de fábricas, la generación de empleo y la llegada de miles de migrantes a la isla. Sin embargo, ese desarrollo también quedó condicionado por decisiones tomadas fuera de la provincia: cambios en las políticas fiscales, crisis económicas nacionales o modificaciones en los regímenes de promoción podían alterar rápidamente la estabilidad local.
Por eso se habla de un desarrollo “dependiente”: porque, aunque existe crecimiento económico, empleo e infraestructura, las bases que sostienen ese proceso no siempre se encuentran completamente controladas por la propia sociedad fueguina. En otras palabras, el desarrollo ocurre, pero muchas veces apoyado en factores externos que la provincia no domina plenamente.
La idea también permite comprender una de las principales tensiones de la historia fueguina reciente. Tierra del Fuego experimentó una enorme expansión urbana, institucional y demográfica desde la década de 1970, pero al mismo tiempo continuó dependiendo de políticas nacionales, inversiones externas y dinámicas económicas globales. Esa combinación entre crecimiento y dependencia constituye uno de los rasgos centrales de la historia provincial contemporánea.
A treinta y cinco años de aquel acontecimiento, el 1 de junio continúa interpelando preguntas que siguen abiertas. ¿Qué modelo de provincia se consolidó desde entonces? ¿Qué tensiones persisten entre industria, turismo y recursos naturales? ¿Hasta qué punto la autonomía política logró traducirse en soberanía económica y social? Pensar la provincialización hoy implica volver sobre esas preguntas y reconocer que la historia fueguina no se reduce a un acto jurídico, sino que forma parte de una disputa permanente por el sentido del territorio en el fin del mundo.
Brevísimo colofón
Cabe añadir una reflexión que permite pensar, en perspectiva histórica, las tensiones entre el pasado territorial fueguino y la construcción provincial iniciada en 1991. Como señalan Ansaldi y Giordano (2012, p.686), las constituciones pueden entenderse como “los planos para los arquitectos”: expresan el diseño de aquello que se busca construir en términos políticos e institucionales.
Sin embargo, y allí reside una cuestión central, el resultado histórico no necesariamente coincide con ese diseño original. La letra constitucional no debe confundirse con la práctica concreta del poder, ni con las formas reales que adquieren el orden político, económico y social en una sociedad determinada. En este sentido, “Tierra de llamas y humos” también remite a esa distancia entre proyecto y realidad: entre las aspiraciones de autonomía y soberanía provincial plasmadas en la Constitución fueguina y las persistentes dinámicas de dependencia, desigualdad y disputa que continúan atravesando al territorio en el presente
(*) Franco Riquelme – Profesor de Historia. Cursando Doctorado en Historia (Universidad Nacional del Nordeste)
Comentarios