La designación de dos nuevos magistrados en Tierra del Fuego derivó en una de las disputas institucionales más delicadas de los últimos años entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Mediante la Acordada 24/2026, el máximo órgano judicial provincial resolvió designar al abogado Lucas Enrique Berber para el Juzgado Correccional y Contravencional de Ushuaia, pero rechazó la postulación de María Elena Guerrero para el Juzgado de Familia y Minoridad Nº1, pese a que había sido seleccionada por amplia mayoría (6 votos contra 1)dentro del Consejo.
La decisión provocó una inmediata reacción política y jurídica. En el Consejo de la Magistratura sostienen que el STJ avanzó sobre atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al órgano encargado de seleccionar candidatos para la magistratura.
La controversia excede el caso concreto y ya es interpretada como un conflicto de poder entre la corporación judicial y los mecanismos institucionales de representación política y profesional previstos por el sistema fueguino.
En la acordada, firmada por María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Gonzalo Sagastume, el STJ argumentó que la facultad constitucional de designar jueces no puede reducirse a una mera formalidad administrativa. Sobre esa base, realizó una revisión comparativa de antecedentes, formación académica y trayectoria profesional de las postulantes, concluyendo que otras candidatas exhibían mejores credenciales objetivas que la Dra. Guerrero.
El límite entre designar y seleccionar
La interpretación encendió alarmas dentro y fuera del Consejo. Consejeros, abogados y sectores políticos sostienen que el Tribunal no se limitó a controlar la legalidad del procedimiento, sino que efectuó una nueva evaluación de mérito, reemplazando el criterio del órgano constitucional encargado de los concursos.
Una especie de «concurso del concurso», opinan los que creen que el STJ se excedió en sus atribuciones.
El eje de la discusión quedó centrado en el alcance de las palabras “proponer” y “designar”, utilizadas por la Constitución provincial para dividir funciones entre ambos organismos. Para los críticos de la acordada, el STJ convirtió esa diferencia semántica en una herramienta para ampliar su poder sobre el ingreso de magistrados al Poder Judicial.
El representante del Colegio de Abogados de Río Grande en el Consejo, Marcelo Castelli, cuestionó públicamente el fallo y advirtió sobre el riesgo de vaciar de contenido al organismo constitucional. Según explicó, el Consejo ya cuenta con instancias técnicas de evaluación, entrevistas y concursos, por lo que el Tribunal no debería sustituir esa valoración con una apreciación subjetiva posterior.
La reacción institucional fue inmediata. El Consejo de la Magistratura ratificó su decisión original y reclamó al STJ que tome juramento a Guerrero en un plazo de cinco días.
El dato político más sensible es que esa postura fue impulsada por Miriam Cristiano, actual presidenta del Consejo de la Magistratura y a la vez miembro del STJ, aunque ella -como Ernesto Löffler- no participó con su firma de lo actuado por Muchnik, Battaíni y Sagastume. Una señal clara de fractura interna en el seno de la cúpula judicial.
Una discusión más profunda
Aunque el tono de la controversia permanece contenido, en distintos sectores políticos ya se habla de un precedente grave. La preocupación no gira únicamente en torno a una candidata, sino al desplazamiento del equilibrio diseñado por la Constitución para evitar que el Poder Judicial controle en soledad su propia integración.
El trasfondo expone una discusión histórica sobre la llamada “casta judicial” fueguina y los mecanismos de reproducción interna dentro del sistema. En ese marco, comenzaron a reaparecer cuestionamientos sobre designaciones anteriores (teñidas de nepotismo) impulsadas por el propio STJ y sobre el creciente peso de sectores corporativos vinculados a la estructura judicial.
En medio del conflicto, el juez Ernesto Löffler quedó al margen de las críticas. No participó de la acordada y, además, mantiene antecedentes públicos en defensa del modelo del Consejo de la Magistratura como herramienta de equilibrio institucional.
Mientras tanto, en la Legislatura provincial ya comenzaron las consultas reservadas con constitucionalistas y especialistas en derecho público. El objetivo sería analizar el alcance institucional de la acordada y evaluar posibles respuestas políticas o jurídicas ante un conflicto que, lejos de cerrarse, recién empieza.
Con el escándalo en marcha, el Superior Tribunal de Justicia deberá quizás poner sus barbas en remojo y evitar caer en nuevos actos de prepotencia, pues comienzan a verse las costuras de sus propias diferencias internas, el solapado nepotismo y la arbitrariedad en designaciones y decisiones.
Esta vez se superó un límite, pues su cuestionado accionar colisiona con otro órgano constitucional y soberano y hasta con el espíritu y la letra de la Constitución Provincial.
Y eso ya no es una nimiedad, por más que se lo pretenda subestimar.
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