Mientras la gente sufre, reclama y espera soluciones, atribulada por la crisis económica, la política recorre un camino muy alejado de la ciudadanía, entre mirarse el ombligo y la puja por el poder.
La discusión en torno a la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego expuso una fuerte división dentro del escenario político provincial, con posicionamientos que combinan argumentos institucionales, jurídicos y socioeconómicos, tanto a favor de su continuidad como de su derogación.
Desde FORJA, el espacio que respalda al gobierno provincial, se sostuvo que el proceso constituye “una instancia histórica que trasciende cualquier coyuntura política y pone en juego el futuro institucional de Tierra del Fuego”. En esa línea, advirtieron que “la reforma constitucional, una vez iniciada, no puede ser detenida ni retrotraída”, al tratarse de una decisión que activa el poder constituyente y genera “derechos políticos concretos para la ciudadanía”.
Además, alertaron que modificar las reglas implicaría “afectar la seguridad jurídica, generar incertidumbre y debilitar la confianza en las instituciones”.
El espacio también buscó llevar tranquilidad respecto de los costos al señalar que se realizará con “responsabilidad y austeridad”, y defendió el rol de la Convención Constituyente como ámbito soberano que nunca debe ser impedido de funcionar.
Una postura intermedia fue planteada por la legisladora María Laura Colazo, del Partido Verde, quien acompañó la derogación de la ley que impulsaba la reforma, aunque sin descartar su necesidad a futuro. “No es momento para reformar la Constitución porque la provincia atraviesa una crisis estructural”, sostuvo, al describir un escenario de “profunda incertidumbre laboral y económica”.
En ese sentido, remarcó que “es necesaria una reforma de la Constitución, pero no en este momento”, y vinculó su posición a cambios en el contexto respecto de 2022, con una marcada caída del empleo industrial y una situación social más crítica.
Desde el bloque Somos Fueguinos, en tanto, defendieron la legalidad de la derogación al afirmar que “restablece el orden constitucional y deja sin sustento el proceso de reforma”. Argumentaron que la Legislatura actuó dentro de sus facultades, ya que “no hubo elección de convencionales ni Convención Reformadora constituida”, por lo que el proceso “nunca llegó a concretarse”. En esa línea, rechazaron la idea de un proceso en marcha: “No hay actos irreversibles, no hay convencionales electos, ni convención en funcionamiento”.
El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, también respaldó la derogación al poner el foco en la situación social: “Estamos hablando de una realidad donde muchas familias reclaman algo elemental como no pasar frío y vivir con dignidad”, señaló, y cuestionó la oportunidad de la reforma en medio de conflictos laborales, sanitarios y educativos.
En el mismo sentido, la legisladora Victoria Vuoto, del Partido Justicialista, afirmó que “las necesidades de la gente están por encima de cualquier especulación política” y consideró que “no se puede avanzar en reformas constitucionales mientras hay familias que no llegan a fin de mes”.
Por su parte, el legislador oficialista Federico Greve defendió la necesidad de avanzar con la reforma, destacando que el objetivo es “modernizar nuestras instituciones” y construir “una herramienta real que le sirva a la provincia para los próximos 30 años”. Subrayó además la importancia de la transparencia en el proceso y planteó que debe reflejar “el consenso de los distintos sectores”.
En contraposición, desde el Partido PAR, su referente Gustavo Ventura fue categórico al cuestionar la iniciativa en el contexto actual: “Es una locura que en este contexto se intente hacer una elección con un costo de $1.000 millones”, afirmó, al considerar que la provincia enfrenta dificultades en áreas sensibles como salud, seguridad y la situación de la obra social estatal, por lo que calificó la propuesta como “un desatino total”.
El debate, atravesado por tensiones entre legalidad, oportunidad y prioridades sociales, deja en evidencia un escenario político fragmentado, donde la reforma constitucional se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda.
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