En medio de la falta de financiamiento y con la obra pública frenada en todo el país, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) impulsa una reforma profunda de su ley para poder seguir dando respuestas habitacionales en la provincia.
La presidenta del organismo, Laura Montes, confirmó que el proyecto ya fue enviado a la Legislatura y explicó que el objetivo es actualizar una normativa que data de 1992. “Han pasado muchos años desde esa ley, y con todo lo que está pasando en la macroeconomía sentimos que había que darle un aggiornamiento”, señaló.
El cambio no es solo técnico, resaltó la funcionaria, ya que la idea es modificar la forma en que trabaja el IPVyH. En este sentido, agregó que “el enfoque institucional siempre estuvo centrado en la construcción de la vivienda. Hoy también somos agentes del hábitat en general”, indicó.
En términos simples, el organismo busca ampliar sus herramientas para generar soluciones. Por ejemplo, poder asociarse con privados, usar tierras fiscales como parte de pago o implementar sistemas como leasing o fideicomisos. “Tenemos tierra, entonces esa tierra también tenerla como una herramienta financiera”, explicó Montes.
Uno de los problemas centrales es que, aunque el IPVyH tiene terrenos disponibles no la pueden urbanizar «por falta de recurso económico». Sin embargo, remarcó que sí puede ser utilizada «como activo de cambio”.
A esto se suma un cambio en la demanda, debido a que hoy en día no sólo hay familias en situación vulnerable. Montes remarcó que también «está la clase social que tiene otro poder adquisitivo pero aún no tiene acceso”.
En ese contexto, el organismo busca aplicar esquemas más flexibles y segmentados, adaptados a cada situación. Actualmente, hay unas 4.000 personas con demanda activa en la provincia.
Otro punto crítico es el recupero de las viviendas ya entregadas. La presidenta del Instituto manifestó que actualmente las cuotas son demasiados bajas, lo que dificulta sostener el sistema. En detalle, comentó que “las viviendas viejas tienen una cuota promedio de entre 10 y 50 mil pesos, ese es el gran problema”. Aunque desde 2023 se actualizaron valores, siguen por debajo de un alquiler.
La paralización de la obra pública también impacta de lleno, debido a que actualmente hay 12 obras en marcha, pero a un ritmo mucho más lento. “Donde antes había 50 u 80 personas en una obra, hoy hay 20”, detalló. Esto hizo que los plazos se duplicaran: proyectos que antes llevaban dos años ahora pueden tardar hasta cuatro.
Pese a este escenario, el IPVyH estima entregar unas 450 viviendas entre fines de este año y comienzos del próximo.
Montes también remarcó que el financiamiento actual es insuficiente y recordó que en 2023 había más de 2.300 viviendas proyectadas con fondos nacionales que finalmente se interrumpieron. “Esa continuidad es la que se cortó”, lamentó.
La reforma también apunta a agilizar los procesos, ya que hoy existen trabas administrativas que dificultan avanzar con mayor rapidez. “Si hoy quisiera pagar una obra con tierra, no puedo, cuando mi activo es la tierra”, ejemplificó.
Finalmente, la titular del IPV reconoció que el organismo atraviesa un momento de cambio profundo. “Me encantaría que vuelva a ser lo que era, pero intentamos readecuarnos”, expresó, y dejó una definición clara sobre el escenario actual: “Existe la demanda, lo que no hay es una respuesta”.
El proyecto ya está en manos de la Legislatura y su tratamiento será clave para definir cómo se abordará el acceso a la vivienda en la provincia en los próximos años.
Comentarios