El Gobierno nacional entra en una semana clave en el Congreso con un proyecto que puede cambiar el alcance de una de las normas ambientales más sensibles del país. Después de obtener media sanción en el Senado el 26 de febrero, el oficialismo busca cerrar el trámite en Diputados y apuesta a llevar el tema al recinto el miércoles 8 de abril.
La discusión no pasa solo por minería contra ambiente. Lo que está en juego es quién define qué áreas deben quedar bajo resguardo, con qué criterios técnicos y hasta dónde pueden intervenir las provincias en una ley de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial en todo el territorio argentino.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
La reforma busca achicar el alcance actual de la protección. El punto central es que la tutela dejaría de abarcar de la misma manera a todo el ambiente periglacial y pasaría a concentrarse en los cuerpos de hielo o geoformas con función hídrica efectiva y relevante; además, las provincias ganarían un papel más fuerte para definir qué zonas siguen protegidas y en cuáles podrían habilitarse actividades productivas.
La ley vigente, sancionada en 2010, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y las obras que puedan alterar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua. Esa misma norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, conocido como IANIGLA.
En términos simples, el proyecto oficial intenta mover tres piezas al mismo tiempo: volver más estrecha la definición de qué debe protegerse, darle mayor margen de decisión a las provincias y abrir la posibilidad de que algunas zonas hoy restringidas puedan destinarse a actividades extractivas si los estudios concluyen que no cumplen una función hídrica estratégica.
Por qué el oficialismo la apura ahora
El proyecto no reapareció por casualidad. La Casa Rosada y sus aliados lo empujan como una señal política y económica hacia las provincias cordilleranas y hacia posibles inversiones, sobre todo en cobre y litio. En el Senado fue aprobado con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, y en Diputados ya tuvo audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo.
Según la hoja de ruta que manejan el oficialismo y sectores dialoguistas, el plan es firmar dictamen en comisión este martes y convocar a una sesión especial al día siguiente. El argumento central del Gobierno es que la ley actual resulta demasiado amplia, genera incertidumbre jurídica y trata del mismo modo a áreas con funciones hídricas distintas.
Qué dicen quienes la apoyan y quienes la rechazan
Los defensores de la reforma sostienen que el problema está en la definición actual del ambiente periglacial. Plantean que no toda geoforma inventariada contiene agua relevante, que hacen falta estudios de campo más profundos y que las provincias deben recuperar capacidad de decisión sobre sus recursos naturales. Desde ese enfoque, la nueva redacción no eliminaría la protección del agua sino que intentaría volverla más precisa.
Los críticos responden otra cosa: que el proyecto baja el piso nacional de protección, debilita el rol científico del IANIGLA y puede terminar fragmentando criterios entre provincias. También advierten sobre conflictos por cuencas compartidas y anticipan que, si se aprueba, la reforma podría terminar judicializada por supuesta regresión ambiental.
Qué puede pasar esta semana en Diputados
El escenario más probable hoy es que el oficialismo intente convertir la reforma en ley el miércoles 8 de abril. Pero una cosa es la intención política y otra el cierre efectivo del trámite: antes necesita dictamen, quórum y una mayoría estable en un tema que mezcla intereses productivos, criterios ambientales y disputas federales.
Incluso si el proyecto avanza, el conflicto no terminará ahí. La oposición ya anticipa cuestionamientos judiciales y la discusión de fondo seguirá abierta: quién fija el límite entre protección ambiental y explotación económica, y con cuánto peso deben jugar las provincias y el sistema científico en esa decisión.
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