Dos denuncias penales por presunta estafa y defraudación ya activaron una investigación en Ushuaia sobre la oferta irregular de terrenos que serían fiscales. Según Griselda Engelhard, abogada de denunciantes, las operaciones se habrían concretado en 2024, con entregas prometidas para 2025 que no se cumplieron y reclamos ya trasladados a la Justicia en 2026.
Según la misma letrada, el universo de personas que dicen haber pagado por lotes no entregados ronda, por ahora, las 26. No todos denunciaron: Engelhard señaló que ese número corresponde al grupo más amplio de presuntas víctimas y que la causa judicial hoy trabaja sobre un recorte menor de casos ya presentados.
Si los lotes ofrecidos eran fiscales, la causa alcanza bienes del dominio público municipal. La Carta Orgánica de Ushuaia establece que las tierras fiscales son patrimonio municipal de dominio público y el propio Municipio recordó en un comunicado que las preadjudicaciones son intransferibles y que su venta está prohibida.
En algo coinciden las versiones: en torno de todo el esquema aparecen figuras ligadas a la actividad gremial, en particular el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef), conducido por Horacio Catena, organización que se estaría arrogando la titularidad de un grupo importante de lotes, sin que nadie sepa de qué modo se podrían haber apropiado de ellos.
Qué está confirmado y qué sigue abierto
Hasta ahora no hay confirmación judicial pública sobre la validez probatoria de los audios que circularon en redes ni elementos incorporados al expediente que, según Engelhard, extiendan responsabilidades al Municipio. La abogada sostuvo además que, por el momento, no hay evidencia que involucre a funcionarios municipales, aunque algunos aseguran que ellos no podían desconocer las supuestas operatorias ilegales.
Sí, aparece en las denuncias un patrón de operatoria que incluía publicaciones en Facebook Marketplace, contactos por WhatsApp y pagos en transferencias, efectivo e incluso vehículos, con montos que podían arrancar en señas millonarias y escalar hasta cifras cercanas a los 20, 24 o 26 millones de pesos por terrenos que no se entregaron.
En los últimos días, al expediente se sumaron además denuncias de hostigamiento hacia familias vinculadas al caso, una derivación que elevó la tensión pública alrededor de la causa.
Qué puede derivarse en el plano institucional
El sistema oficial de demanda habitacional de Ushuaia publica listados de postulantes a predios fiscales y prevé impugnaciones o denuncias ante la Dirección de Suelo Urbano. En paralelo, el caso ya generó reclamos políticos: el concejal opositor Valter Tavarone pidió revisar actos administrativos y el régimen de adjudicación, mientras su par Vladimir Espeche sostuvo que el Municipio debía dar explicaciones.
La investigación deberá establecer ahora tres puntos concretos: si los lotes ofrecidos eran efectivamente fiscales, cómo ingresaron a un circuito informal de comercialización y qué controles aplicó el Estado municipal sobre un bien público destinado a vivienda. De esa respuesta dependerá si el expediente queda acotado a una presunta estafa o si además abre un problema institucional por la custodia de tierras públicas.
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