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Intervención sin fundamentos

Para Murcia, el informe de Prefectura respalda la operatividad del puerto

Un certificado de seguridad vigente hasta 2029 refuerza la postura de la Dirección Provincial de Puertos, que sostiene que el puerto nunca dejó de estar habilitado y que la intervención carece de sustento técnico.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, afirmó que el reciente informe de Prefectura Naval Argentina “confirma lo que nosotros veníamos sosteniendo”, al validar la seguridad y operatividad del puerto de Ushuaia, uno de los principales argumentos utilizados para justificar la intervención dispuesta a comienzos de 2026.

“Ese argumento lo han utilizado en reiteradas oportunidades”, señaló en ((La 97)) Radio Fueguina, en referencia a los cuestionamientos sobre las condiciones del puerto.

Murcia explicó que tras una inspección realizada el 14 de enero “esos pendientes fueron levantados” en referencia a objeciones de tipo operativo oportunamente subsanadas, y se solicitó la certificación correspondiente. Según detalló, “el certificado ha sido entregado a la gente de ANPyN (Agencia Nacional de Puertos y Navegación) y nosotros hemos tomado conocimiento de una copia”.

Además remarcó que el puerto de Ushuaia “siempre estuvo habilitado, y ese reconocimiento era a nivel internacional”, lo que permitió seguir operando con normalidad. En ese sentido, subrayó que “no cambió absolutamente nada desde la noche anterior a la intervención hasta el día posterior”, salvo cuestiones administrativas como “la transferencia de los fondos a una cuenta nacional”.

El funcionario insistió en que la actividad portuaria se desarrolló con normalidad incluso en una temporada récord de cruceros: “Lo ha constatado la propia comunidad de Ushuaia, viendo que el muelle funcionó normalmente”. También atribuyó la continuidad operativa a una planificación previa: “Todo lo que ocurrió desde enero (…) era una programación que ya estaba efectuada”.

En paralelo, cuestionó las modificaciones introducidas tras la intervención, especialmente en el plano laboral: “Hoy a una cantidad de 80 trabajadores no les permiten el ingreso, y lo están haciendo ellos con elementos privados”, indicó, al tiempo que aseguró que el personal sigue vinculado a la Dirección con tareas alternativas.

Sobre el proceso judicial iniciado sostuvo que la vigencia del certificado “está mencionada en las presentaciones judiciales” y que la causa se encuentra a la espera de definiciones de la Corte Suprema. “Son los dos caminos, el tema judicial y el tema administrativo”, resumió.

Finalmente, Roberto Murcia puso en duda otros fundamentos de la intervención vinculados a supuestos desvíos de fondos: “La Dirección Provincial nunca giró dinero a OSEF”, afirmó, y agregó que esos recursos estaban destinados a infraestructura y actualmente se utilizan para sostener salarios. “Estamos impedidos de ingresar a nuestro propio lugar”, concluyó.

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