La decisión de avanzar en la demolición del radar instalado por la empresa de capitales británicos Leolabs en jurisdicción de Tolhuin ingresó en una etapa definitoria tras la intervención del Superior Tribunal de Justicia, que se declaró competente para tratar el planteo.
El secretario Legal y Técnico del municipio, Alexis Solís, explicó que el proceso tiene origen en actuaciones iniciadas en 2023 ante la instalación sin permisos de la estructura.
“Allá por el 2023 iniciamos las acciones de rigor para resolver el tema del radar que se había instalado sin los permisos debidos y se fueron suscitando un montón de hechos que hoy nos encontramos en definición inminente en donde el tratamiento del proceso lo va a llevar el Superior Tribunal de Justicia”, señaló Solís en ((La 97)) Radio Fueguina.
El funcionario detalló que el municipio optó inicialmente por agotar las instancias administrativas antes de avanzar judicialmente. “El intendente nos solicitó que agotemos las vías administrativas para no tener ninguna eventualidad judicial. Esto no se resolvía en la parte administrativa, no ocurrió, e iniciamos una acción de ejecución fiscal y subsidiariamente solicitamos la demolición”, indicó.
A partir de allí, el proceso se dividió en dos vías. Por un lado, la ejecución fiscal por una multa aplicada a la empresa. “El juzgado de Tolhuin lo tomó como parte, le corrió traslado a la empresa y después resolvió a favor nuestro en donde les dijo que debía abonar la multa. No abonaron la multa y ahora estamos en una etapa para ejecutar la sentencia y posiblemente en estos días va a haber noticias porque vamos a solicitar para garantizar la manda judicial el embargo de las cuentas de la empresa”, explicó.
En paralelo, la cuestión central vinculada al desmantelamiento tomó otro camino. “Cuando hicimos dos objetos distintos, que es la demolición, el juzgado de Tolhuin por razón de la materia se declaró incompetente. Fue al Superior, en el Superior se corre traslado al Ministerio Público Fiscal y es por eso que la competencia la tiene el Superior Tribunal de Justicia”, precisó.
Sobre este punto, Solís confirmó que la demanda ya fue formalmente notificada. “El 1 de abril de este año se notificó debidamente la empresa así que están corriendo los plazos para contestar la demanda 15 días y estamos a la espera de que contesten”, afirmó, al tiempo que advirtió que, de no haber respuesta, podría declararse la rebeldía.
El eje del planteo municipal se centra en la irregularidad de la construcción. “Estamos discutiendo la construcción indebida en el ejido urbano municipal, donde ellos deberían haber tenido las autorizaciones y el acto administrativo donde le habilitaban a hacer la construcción, lo cual no hicieron”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró el alcance del concepto de demolición: “Es dejar de funcionar. Determinar que el aparato no esté en funcionamiento. Estamos atacando la infraestructura que se construyó sin la debida autorización y solicitar el desmantelamiento”, explicó.
Finalmente, valoró la intervención del máximo tribunal provincial: “Consideramos optimista que el Superior decida sobre la materia, porque no sólo le compete en términos técnicos, jurídicos, sino que es un tema muy sensible que roza la soberanía”, expresó.
Mientras se aguarda la respuesta de la empresa, el municipio mantiene su estrategia judicial enfocada en lograr el desarme de la estructura y hacer cumplir las normas urbanísticas vigentes.
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