La situación de los ex policías territoriales de Tierra del Fuego se mantiene sin resolución tras casi 11 meses de conflicto por el pago incompleto de sus haberes. Según explicaron los propios afectados en ((La 97)) Radio Fueguina, el incumplimiento alcanza a unas 540 familias que dependen de esos ingresos.
Alfredo Gatti, uno de los voceros del reclamo, detalló que “hace casi 11 meses que dejamos de percibir parte del haber que nos corresponde”, y precisó que el problema radica en el incumplimiento de un convenio histórico: “La provincia no está cumpliendo con parte de ese acuerdo que se dictó en el año 94”. En ese sentido, remarcó que el sistema se sostenía con un doble aporte: “Nosotros aportamos un 12% al Ministerio del Interior y un 13% a la caja compensadora durante toda nuestra carrera”.
El ex efectivo subrayó que la medida afecta únicamente a este sector: “Somos los únicos afectados nosotros”, afirmó, al tiempo que indicó que la reducción representa “más o menos el 50% del haber”.
También cuestionó los argumentos oficiales: “A la opinión pública y a nosotros nos han dicho que hay una falta de liquidez, pero a la justicia le han argumentado que, como cobramos una parte, no lo consideran de carácter alimentario”.
Mientras el conflicto avanza en el ámbito judicial, Gatti señaló que la Cámara de Apelaciones entendió que la resolución debe provenir del ámbito político. “Dijo que era un tema que debería resolver el poder político, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y acá estamos en esa disyuntiva todavía”, expresó, y confirmó que ya recurrieron al Superior Tribunal de Justicia.
Las consecuencias económicas y sociales fueron expuestas por María Pérez, quien describió el impacto en las familias: “La estamos pasando terrible porque hay muchas familias que han tenido que traer los hijos del norte que estaban estudiando por un tema de que no está la plata”. Además, advirtió sobre dificultades sanitarias: “No están pudiendo comprar los medicamentos personas que tienen enfermedades crónicas”.
En esa línea, agregó que algunos afectados buscan alternativas informales de ingreso: “Están saliendo a la calle a vender cosas como para poder sustentar el día”. Pérez también apeló a una solución institucional: “Le diremos a la justicia, al gobernador o a quien le corresponda que solucione esto”.
Por su parte, Marisa Fontana cuestionó el funcionamiento interno de la caja previsional y el rol de sus autoridades. “Somos 540 familias que estamos involucradas”, sostuvo, y aclaró que los recursos judiciales presentados fueron posibles “con el sacrificio de la propia familia y ayudas entre todos”. También planteó desigualdades: “No hay una equidad, lo que hay es una desigualdad y una discriminación”.
Fontana criticó además los criterios administrativos y financieros: “Hicieron prevalecer una resolución interna que no puede estar por sobre decretos, Constitución y leyes”, y puso en duda decisiones recientes: “Quieren vender un inmueble para pagar gastos previsionales”.
En el plano político, Gatti señaló la falta de respuestas concretas: “La Legislatura ha sido muy tibia con todo esto”, y agregó que ni el Ejecutivo ni otros actores institucionales han dado respuestas a los pedidos de audiencia.
Finalmente, insistió en la urgencia del caso: “No estamos discutiendo el pago de un ítem, estamos reclamando aportes que hemos hecho durante toda nuestra carrera”, y concluyó que “esta situación ya no se puede sostener más en el tiempo porque la ley es muy clara”.
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