El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para que se declare la nulidad, inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la Ley N° 27.802, al considerar que implica un retroceso en derechos laborales.
La presentación fue realizada el 16 de marzo de 2026 y quedó radicada en el Juzgado Federal de Río Grande. Desde el gremio sostuvieron que la normativa “reduce derechos individuales y colectivos, abarata el despido, flexibiliza la jornada laboral y debilita la negociación sindical”.
En ese sentido, cuestionaron que bajo la premisa de modernización “solo se precariza el empleo, se limitan indemnizaciones y no se fomenta la formalización ni la creación de trabajo”. También señalaron cambios como la modificación del cálculo indemnizatorio, el fraccionamiento de vacaciones y la implementación de un banco de horas.
Además, rechazaron las modificaciones en la negociación colectiva, al considerar que “debilitan a las entidades sindicales y coartan la libertad sindical”, y advirtieron sobre la derogación de estatutos profesionales y regímenes especiales. “Desprotege al trabajador, lo pone en una situación más débil y quita derechos obtenidos a lo largo de años de lucha”, remarcaron.
Otro punto central del planteo es el encuadre de los trabajadores de plataformas digitales, a quienes la ley considera “prestadores independientes”. Para el CEC, esto evidencia “poco interés en la protección de trabajadores hoy informales”.
Tras la presentación, la jueza federal Mariel Borruto dio intervención al fiscal federal para que se expida sobre la competencia del tribunal y la admisibilidad del planteo. Luego de ese dictamen, la magistrada resolvió declararse incompetente para continuar con la causa.
En la resolución, se indicó: “Atento el estado de autos, lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal, y en atención a la existencia de un proceso colectivo en trámite […] declárase la incompetencia de este Tribunal para continuar entendiendo en autos”.
En consecuencia, se dispuso la remisión del expediente al Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya tramita una causa colectiva con características similares impulsada por la CGT.
Desde el CEC destacaron que su presentación se suma a ese proceso, aunque incorpora reclamos específicos, como el rechazo a la derogación de estatutos profesionales (periodistas, viajantes, peluqueros, entre otros) y al régimen previsto para trabajadores de plataformas.
“Esperamos lograr la declaración de inconstitucionalidad de esta ley en defensa de los trabajadores”, señalaron desde la entidad, en un contexto que calificaron como crítico para el empleo.
El caso se inscribe en una serie de acciones judiciales que cuestionan el alcance de la normativa y su impacto en las condiciones laborales en todo el país.
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