Argentina consiguió en estas horas un alivio clave en una causa que amenazaba con costarle más de 16.000 millones de dólares. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia contra el país y dejó sin efecto también la orden que lo obligaba a entregar acciones de YPF.
Ese giro no sólo cambió el frente económico. También reabrió una pelea política que simplifica demasiado una historia bastante más larga: ni todo empezó en un solo gobierno ni puede decirse, al menos por ahora, que una sola gestión haya resuelto definitivamente el caso. La propia cronología muestra otra cosa: hubo un origen anterior, un punto de quiebre en 2012 y un recorrido judicial que siguió durante más de una década.
Fallo YPF: qué pasó y qué cambió ahora
El fallo YPF cambió de manera fuerte con la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que anuló la condena millonaria contra la Argentina al sostener que la sentencia anterior había aplicado mal el derecho argentino. Eso dejó sin efecto el pago fijado en 2023 y también la orden posterior sobre las acciones, aunque el expediente todavía podría tener nuevas instancias.
En términos concretos, el nuevo escenario es este:
- ya no rige la condena de US$ 16.100 millones dictada en primera instancia;
- tampoco sigue en pie la orden para entregar acciones de YPF;
- los demandantes todavía pueden intentar una revisión o llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Quién abrió el problema en el caso YPF
La versión más cómoda para la discusión política es decir que todo empezó con la expropiación de 2012. Pero esa explicación queda corta. El trasfondo del caso también remite a la etapa en que YPF fue privatizada en los años 90 y a las reglas societarias que quedaron asociadas a esa transformación. La ley 24.145 aprobó en 1992 la privatización de la empresa, mientras que dos décadas después la ley 26.741 declaró de utilidad pública y sujetó a expropiación el 51% de las acciones controladas por Repsol.
Eso no significa que todo sea culpa de “los 90” y que 2012 no importe. Al revés: el punto que llevó el conflicto a los tribunales fue la forma en que se hizo la reestatización. Según la reconstrucción del caso y la propia discusión judicial, la falta de una oferta al resto de los accionistas quedó en el centro de la demanda presentada después en Nueva York. En ese tramo, además, Axel Kicillof quedó muy asociado al episodio por su rol en la intervención y por declaraciones de ese momento sobre por qué el Estado no pensaba avanzar con esa oferta.
Después vino otro capítulo central: las empresas Petersen, que tenían una parte importante de YPF, entraron en quiebra, y Burford Capital compró sus derechos de litigio y avanzó con la demanda. Ese paso fue clave para que el conflicto creciera hasta convertirse en uno de los casos judiciales más costosos que enfrentó la Argentina en el exterior.
Qué hay de cierto y qué no sobre quién lo resolvió
Es cierto que el alivio judicial llegó ahora, durante el gobierno de Javier Milei, y también es cierto que la administración actual celebró la decisión como un triunfo propio. Reuters recogió la reacción oficial y recordó que el fallo representa una victoria importante para un gobierno que venía advirtiendo sobre el impacto que podía tener una condena de ese tamaño.
Pero no es exacto afirmar que una sola gestión “resolvió” el caso por sí sola. La demanda arrancó en 2015, la sentencia adversa llegó en 2023, la orden sobre las acciones apareció en 2025 y la reversión recién se conoció este 27 de marzo de 2026. Más que una solución atribuible a un solo nombre, lo que aparece es una pelea judicial larga, con etapas distintas y bajo varios gobiernos.
Tampoco cierra del todo la idea de que el problema pueda cargarse por completo a una sola gestión. El origen político y legal del conflicto está repartido en más de un momento: la privatización y el diseño societario de los 90, la expropiación de 2012 y la estrategia judicial posterior. Presentar esa secuencia como si fuera una historia lineal, con un único responsable al principio y un único salvador al final, simplifica demasiado un expediente mucho más enredado.
Por qué el fallo no cierra del todo el caso
El dato más importante de estas horas es que la Argentina dejó atrás, al menos por ahora, una condena multimillonaria. Pero eso no equivale a decir que el caso terminó para siempre. Los demandantes ya dejaron abierta la posibilidad de apelar y explorar otras vías, de modo que el revés para Burford Capital y los fondos involucrados no implica necesariamente el cierre definitivo del conflicto.
El saldo más sólido, entonces, no deja una consigna fácil. Lo que cambió fue el frente judicial inmediato: la condena cayó. Lo que sigue abierto es la discusión política sobre cómo se llegó hasta acá. Y en ese punto, el caso YPF muestra algo más incómodo que un relato de buenos y malos: un problema que se fue armando en etapas y una resolución que, por ahora, sigue siendo parcial.
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