El Gobierno Nacional asignó una partida de emergencia superior a los $100.000 millones al sistema de bomberos voluntarios para combatir los incendios. Tierra del Fuego es una de las proveincias que recibe el refuerzo financiero inmediato para equipamiento y logística.
La medida, formalizada a través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, canalizará un total de $100.810.319.998,50 hacia las entidades que componen la red de voluntariado en todo el país.
Los principales destinatarios son las 1.062 asociaciones de bomberos de base, que recibirán aproximadamente $94.924.971,75 cada una. Además, se contemplan fondos para las federaciones provinciales que las agrupan, la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios.
Según el texto oficial, el objetivo es «la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población», así como el mantenimiento de dicho material.
Los mecanismos de ejecución establecen que la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios remitirá el listado de instituciones beneficiarias para las transferencias, las cuales se efectuarán a través del Banco de la Nación Argentina.
Cada entidad deberá presentar las rendiciones de cuenta correspondientes según un cronograma preestablecido. La resolución advierte que, de detectarse incumplimientos administrativos o anomalías en el uso de los subsidios, se procederá a la suspensión de la entidad responsable, sin perjuicio de posibles acciones legales.
En el caso específico de Tierra del Fuego, la provincia recibirá un monto acumulado de $511.516.580,9. Esta suma se distribuirá entre las cinco asociaciones, tres con sede en Ushuaia, una en Río Grande y una en Tolhuin, y la Federación que las agrupa.
Cada una de las entidades de base percibirá la asignación individual estándar de $94.924.971,75, mientras que la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego recibirá $36.891.722,15, calculado en proporción a su cantidad de asociaciones afiliadas.
Esta decisión financiera se enmarca en un contexto de emergencia nacional por los incendios, que motivó reuniones de alto nivel en la Casa Rosada. Allí se evaluó avanzar con la declaración de una Emergencia Ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el fin de agilizar las respuestas estatales y las reasignaciones presupuestarias.
La medida responde, en parte, al reclamo de cinco gobernadores patagónicos, quienes solicitaron al Congreso la declaración de zona de desastre para acceder a herramientas excepcionales de asistencia.
Si bien desde el Gobierno se indica que la asignación de fondos ya estaba en proceso, reconocen que busca atender la crítica situación y dar una respuesta concreta a las demandas de las provincias afectadas.
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