Un exhaustivo informe del medio especializado en medio ambiente Mongabay Latam, publicado recientemente, expone una serie de impactos ambientales y desafíos de control asociados a la industria salmonera, en momentos en que la provincia de Tierra del Fuego derogó la ley que la prohibía.
El reporte, basado en testimonios de expertas chilenas, datos oficiales y la revisión de crisis históricas, construye un panorama técnico y precautorio sobre una actividad que Chile desarrolla desde hace cinco décadas.
El documento destaca que, a pesar de existir un marco normativo que exige evaluaciones de impacto ambiental y planes de contingencia, la experiencia chilena evidencia problemas persistentes.
La bióloga marina Vreni Häussermann, quien por años estudió los fiordos chilenos, señala en el informe una disminución de hasta el 75% en la abundancia de especies como los corales gorgonia entre 2003 y 2013 en áreas con alta concentración de centros de cultivo, atribuyendo estos cambios directamente a la actividad salmonera. Asimismo, reporta la desaparición local de crustáceos debido al uso de químicos específicos.
Por su parte, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, explica el mecanismo que genera “zonas muertas”. La acumulación de fecas, alimento no consumido y compuestos químicos en el fondo marino, proveniente de las jaulas, provoca un consumo excesivo de oxígeno, creando condiciones hipóxicas donde la vida marina no puede prosperar. “Donde no hay oxígeno no puede haber vida”, afirma la experta, enfatizando que estos cambios en los sedimentos, cargados de antibióticos y antiparasitarios, son “irreversibles”.
El control estatal emerge como otro punto crítico en el análisis. Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, sostiene que en Chile existe una “incapacidad” de las instituciones para fiscalizar efectivamente, citando falta de recursos y medios técnicos.
El reporte también menciona la dificultad para acceder a información específica, como los protocolos de control sobre el uso de antibióticos, y recuerda incidentes graves como el vertimiento de miles de toneladas de salmones muertos en 2016, que exacerbó una crisis por marea roja, y los escapes masivos de peces.
Si bien el informe consigna la posición de autoridades fueguinas, que afirman haber incorporado salvaguardas ambientales y no repetir los errores chilenos, el documento concluye con una advertencia clara de las especialistas consultadas.
Estas coinciden en que la instalación de la salmonicultura a gran escala, particularmente en ecosistemas prístinos y vulnerables como los de la Patagonia, conlleva riesgos ambientales profundos y suele generar transformaciones socioeconómicas drásticas y permanentes en las comunidades locales.
La evidencia presentada sugiere que una vez implantada, la industria modifica el entorno de manera duradera, planteando un desafío complejo para las regiones que optan por su desarrollo.
(Fuente: Mongabay Latam)
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