La frase elegida por Jorge Macri quedó en el centro de la discusión política. Al defender los controles policiales en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño habló de un “muro de control” para proteger a los vecinos de “lo peor del conurbano”.
El mensaje fue difundido durante un operativo en la zona de General Paz y Emilio Lamarca, en Villa Devoto. Macri buscó mostrar resultados de seguridad en los principales ingresos desde la provincia de Buenos Aires, pero la forma en que presentó esos controles desplazó el foco: ya no se habló solo de delitos, sino también del modo en que una autoridad pública nombra a un territorio donde viven millones de personas.
Qué dijo Jorge Macri sobre “lo peor del conurbano”
Macri presentó los operativos como parte de su política de seguridad y usó una frase de alto impacto: “Un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del conurbano”.
Luego completó el mensaje con otra definición: “No queremos delincuentes. La época del vale todo se terminó”.
La segunda frase apunta contra personas vinculadas al delito. La primera, en cambio, carga esa amenaza sobre el conurbano. Ahí aparece el punto más sensible: un anuncio de seguridad terminó presentado como una defensa de CABA frente a un afuera peligroso.
Una frase que instala una división territorial
El problema no es que el Gobierno porteño informe controles, detenciones o procedimientos en los accesos. Eso forma parte de una política pública que puede ser discutida por sus resultados, sus métodos y sus límites legales.
La discusión aparece cuando esos controles se comunican con una fórmula que separa a “los porteños” de “lo peor del conurbano”. En esa construcción, la Ciudad queda del lado de quienes deben ser protegidos y el conurbano aparece asociado al peligro.
Ese lenguaje puede funcionar como consigna política en un contexto marcado por el miedo al delito. Pero también puede reforzar prejuicios sobre personas que todos los días cruzan la General Paz para trabajar, estudiar, atenderse, comerciar o visitar a sus familias.
CABA y el conurbano forman parte de una misma trama urbana. Comparten transporte, empleo, hospitales, universidades, comercios y vínculos cotidianos. Por eso, cuando un funcionario habla de “lo peor del conurbano”, el mensaje no queda limitado a quienes cometen delitos: alcanza a un territorio entero.
Qué controles defendió el Gobierno porteño
Según informó el Gobierno de la Ciudad, en ocho meses hubo más de 110 mil vehículos controlados, más de 123 mil personas identificadas, 98 detenidos y más de 15 mil vehículos remitidos por distintas infracciones.
Los procedimientos se realizan en 16 puestos ubicados sobre la General Paz y en los puentes que cruzan el Riachuelo. Allí, la Policía de la Ciudad verifica documentación, consulta bases de datos y detecta posibles pedidos de captura o secuestro.
Para la gestión porteña, esos operativos forman parte de una política de prevención del delito en los ingresos a CABA. La frase de Macri, sin embargo, abrió una discusión distinta: cómo se usa el reclamo de seguridad para marcar una frontera entre vecinos de una misma área metropolitana.
Seguridad y lenguaje político
La inseguridad requiere controles, prevención, investigación criminal y coordinación entre jurisdicciones. También exige precisión en el modo de comunicar. No es lo mismo hablar de personas detenidas, vehículos con irregularidades o pedidos de captura que presentar al conurbano como un problema del que la Ciudad debe defenderse.
Ese tipo de discurso ordena el mensaje en términos simples: un “nosotros” protegido y un “ellos” sospechado. Puede ser eficaz para endurecer una posición política, pero empobrece el debate público y alimenta divisiones sociales que ya existen.
Los operativos en los accesos seguirán siendo defendidos por la gestión porteña como parte de su política de “ley y orden”. Pero la frase de Jorge Macri dejó una contradicción expuesta: mientras afirma que “la época del vale todo se terminó”, su discurso habilita una generalización que carga sobre millones de personas el peso de una sospecha territorial.
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