La decisión del Gobierno de Tierra del Fuego de vetar el incremento de la coparticipación municipal sobre regalías hidrocarburíferas se sostiene en un análisis centrado en la sustentabilidad fiscal y la falta de estudios técnicos que avalen la redistribución.
Según el decreto N.º 0042/26, las regalías son un pilar financiero para servicios esenciales provinciales, y la ley sancionada en diciembre de 2025 transferiría recursos a los municipios sin una contrapartida en competencias, desequilibrando la administración.
Un elemento crucial de la justificación oficial es el reconocimiento de un impacto económico adverso.
El propio decreto admite que los beneficios otorgados a la empresa Terra Ignis provocarán una disminución estimada en 140 millones de dólares en la recaudación de regalías.
Este contexto de expectativa de menores ingresos para la provincia fundamenta la postura de cautela extrema ante cualquier ampliación de las asignaciones.
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