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Desregulación

Colegios privados podrán fijar libremente el valor de cuotas y matrículas

El Gobierno nacional dispuso la desregulación de los aranceles en los colegios privados de todo el país, mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida deroga el histórico Decreto 2417/1993, que durante más de 30 años estableció el control estatal sobre las matrículas y cuotas que podían cobrar los institutos de gestión privada.

A partir de un nuevo decreto, las escuelas privadas podrán fijar libremente el valor de las matrículas y cuotas sin autorización previa del Estado. La medida pone fin a más de tres décadas de regulación nacional sobre el sistema arancelario.

El Gobierno nacional dispuso la desregulación de los aranceles en los colegios privados de todo el país, mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida deroga el histórico Decreto 2417/1993, que durante más de 30 años estableció el control estatal sobre las matrículas y cuotas que podían cobrar los institutos de gestión privada.

Con esta decisión, las escuelas privadas podrán fijar y modificar sus precios sin autorización previa ni obligación de informar los montos al Estado nacional.

Según los fundamentos oficiales, la normativa derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el esquema vigente desde los años 90 respondía a un contexto diferente, cuando la educación aún dependía directamente del Gobierno nacional, antes de la transferencia de competencias a las provincias.

El Ejecutivo sostiene que el antiguo sistema de control “generó efectos contraproducentes” al restringir la capacidad de los establecimientos de responder ante las fluctuaciones económicas y los aumentos de costos operativos. Además, afirma que la necesidad de autorización previa “creaba incertidumbre” y llevaba a que las escuelas fijaran cuotas más elevadas de lo necesario para cubrir posibles incrementos.

El decreto también incorpora una defensa del derecho de propiedad y libre contratación de los institutos, señalando que deben tener la libertad de definir sus condiciones salariales y arancelarias “sin necesidad de autorización estatal”.

Finalmente, la medida instruye al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar las pautas del Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento del sistema privado, para avanzar hacia un modelo basado en la competencia y la libre determinación de precios.

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