El conflicto entre derechos de los niños y las demandas del gremio docente en Tierra del Fuego volvió a tomar relevancia en la agenda pública, ante las recurrentes suspensiones de clases derivadas de los paros del SUTEF.
En este marco, la abogada Dalila Nora, entrevistada en el programa “Un gran día” de ((La 97)) Radio Fueguina, articuló un marco de reflexión centrado en la primacía del interés superior del niño y la necesidad de encontrar equilibrios que garanticen educación, salud y protección.
La abogada sostuvo que los derechos de los niños están consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en los lineamientos de UNICEF, y que entre esos derechos figura, de manera fundamental, el derecho a la educación, así como el derecho a la vida, a la salud y a la identidad.
En su lectura, estos derechos deben convivir con las obligaciones que la infancia también asume, como el respeto a los mayores, la colaboración en las responsabilidades del hogar y, particularmente, la asistencia regular a la escuela.
“Los adolescentes, por ejemplo, tienen la obligación de asistir al colegio”, afirmó Nora, destacando que “nosotros como adultos tenemos la obligación de controlar y de procurar que ellos asistan y ellos tienen que ir al colegio”.
Subrayó que cuando hay interrupciones por medidas de fuerza, conviene preguntarse qué prioridad debe primar: ¿el derecho de los adultos a reclamar o el derecho a la educación de los niños y adolescentes?
La abogada enfatizó que la educación no es solo una aspiración, sino un pilar indispensable para el desarrollo de cada persona y para el futuro de la sociedad. En ese sentido, señaló que cuando las faltas se extienden, intervienen mecanismos del Estado para garantizar la inscripción y la reintegración de los alumnos al sistema educativo, acompañado de estas intervenciones: “se cita a los padres y a los alumnos; se busca reintegrar al chico al sistema lo más rápido posible.” Este enfoque, explicó, está orientado a proteger el interés superior del niño.
La conversación también abordó la complejidad de gestionar las medidas de fuerza dentro de un marco constitucional y legal. La abogada remarcó que lo regulan la Constitución, las leyes provinciales y las convenciones internacionales, y que, en Tierra del Fuego, “hay una mesa de negociación” para buscar soluciones que no vulneren la educación de los niños.
En ese punto, insistió en la necesidad de un compromiso que priorice la educación como derecho fundamental, sin menoscabar la legitimidad de las reivindicaciones docentes.
A la vez, Nora advirtió sobre el potencial costo humano de las interrupciones prolongadas. Afirmó que “el interés superior del niño no puede ser violentado bajo ningún aspecto” y, por ello, cualquier acción de los docentes debe buscar equilibrar la defensa de sus condiciones laborales con la continuidad educativa de los alumnos.
En ese entramado, llamó a buscar “un nuevo sistema” para realizar medidas de fuerza sin detrimento de la escolaridad.
“Cuando no asiste el chico porque hay retenciones de servicio, como ahora lo que está pasando en la provincia, o qué pasa cuando el chico no asiste porque directamente hay paro, que en años anteriores en nuestra provincia también ha pasado, que eran paros eternos, donde directamente no iban a las escuelas”, expresó la abogada.
Agregó que “ahí nosotros como papás tenemos la obligación de realizar una presentación judicial y en esa presentación judicial tenemos que procurar denunciar primero al Ministerio de Salud por no obligar a los docentes o no intimar a los docentes a que den clases, y eso hoy en nuestra provincia ya está pasando”.
En esa línea la letrada, informó que “la semana pasada el Ministerio de Educación fue notificado de una acción judicial que iniciaron un grupo de papás, en la cual se pide que este ministerio convoque a los docentes a dar clases porque tienen la obligación de dar clases, y el fiscal de estado, el doctor Virgilio Martínez de Sucre, ya notificó al Ministerio de Educación”.
Como respuesta a esto, “ahora se está trabajando en el mecanismo de llevar adelante las clases casi de forma regular, porque se entiende, hay un grupo de papás y en lo cual comparto, que piensan que el interés superior del niño y los derechos de los niños niñas y adolescentes a ser educados es más importante que el derecho de los docentes a retener servicios o a realizar medidas de fuerza”.
“Lo más importante acá es que el interés superior del niño no puede ser violentado bajo ningún aspecto, porque ellos son un sujeto de protección de derechos entonces, todo lo que se haga tiene que ser tendiente a mejorar la calidad de vida de nuestros niños -sostuvo-. No significa que los docentes no puedan realizar medidas de fuerza, pero en todo caso será que no puedan realizar medidas de fuerzas tan extremas, habría que buscar un nuevo sistema de realizar estas medidas de fuerzas”.
La entrevista de Nora se produce en un contexto en el que las escuelas de Tierra del Fuego han visto suspendidas clases con frecuencia por paros y medidas de fuerza, generando preocupación entre familias y educadores sobre la calidad y continuidad del aprendizaje.
Este fenómeno pone a prueba la capacidad institucional para articular derechos y responsabilidades en un marco de diálogo social y negociación.
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