Löffler, recusado en la causa por la reforma constitucional provincial

El Gobierno de Tierra del Fuego formalizó esta semana la recusación del juez Ernesto “Nene” Löffler, vocal del Superior Tribunal de Justicia, al considerar que su actuación en la causa por la reforma constitucional compromete su imparcialidad. La presentación, realizada por el fiscal subrogante Antonio Petkos y patrocinada por el abogado Emiliano Fossatto, se sustenta en dos causales: prejuzgamiento y enemistad manifiesta, conforme a lo previsto en el Código Procesal Civil provincial.

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo apunta a expresiones públicas del magistrado, quien, desde 2023, se ha manifestado abiertamente en contra de modificar la Constitución. En la presentación de su libro “La Constitución Fueguina comentada”, Löffler afirmó que “las constituciones están hechas para durar” y que “no hay que tocarlas, especialmente en contextos de crisis”. Para el Gobierno, estas declaraciones anticipan un posicionamiento y vulneran el principio de imparcialidad judicial.

Además, la recusación cuestiona la dilación en la tramitación de las causas “Lechman” y “Rossi”, que cuestionan la validez de la reforma. Según consta en la presentación, ambos expedientes estuvieron paralizados durante meses en la vocalía de Löffler, a pesar de los reiterados pedidos de resolución. Incluso se indica que el juez retuvo indebidamente la documentación, la cual recién fue ubicada y devuelta por su despacho el pasado 27 de mayo.

El Ejecutivo sostiene que esta conducta obstaculiza deliberadamente el avance del proceso judicial sobre la reforma impulsada por el oficialismo. También se señalan otras irregularidades, como la reserva del dictamen fiscal y la restricción del acceso electrónico al expediente, medidas que, según la presentación, afectan el derecho de defensa y vulneran el principio de publicidad.

En el escrito se afirma que la conducta de Löffler “consolidó una dinámica procesal opaca, restrictiva y deliberadamente dilatoria”, incompatible con su deber de imparcialidad. Además, se advierte que esta situación “erosiona la confianza pública en las instituciones y compromete la seguridad jurídica” en un proceso de gran trascendencia institucional.

La recusación contra Löffler se suma a las que ya pesan sobre las juezas María del Carmen Battaini y Edith Cristiano, en el marco de la misma causa. En estos últimos casos, el Gobierno también denuncia trabas procesales, como la falta de acceso al estado de los expedientes y la ausencia de información oficial sobre los trámites.

El Ejecutivo provincial insiste en que el apartamiento de Löffler es indispensable para garantizar un proceso judicial transparente, ético y ajustado a derecho. Ahora será el propio Superior Tribunal de Justicia el que deberá resolver la recusación, con una integración especial: participarán los jueces Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik, junto a un camarista convocado, dado que tres de los cinco magistrados ya fueron recusados.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo