La instalación del radar de la empresa Leolabs en Tolhuin sigue generando controversia debido a las implicancias en materia de defensa y soberanía. Andrés Dachary, secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, detalló los obstáculos legales y las preocupaciones geopolíticas que rodean al proyecto, actualmente paralizado por decisión del Estado nacional.
En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Dachary explicó que la empresa enfrenta un bloqueo administrativo irreversible. «La Jefatura de Gabinete le canceló la autorización basándose en un informe del Ministerio de Defensa que lo considera una amenaza a la seguridad nacional», señaló. El documento, emitido durante la gestión de Alberto Fernández, advirtió sobre el componente británico en la inversión y la capacidad del radar para recolectar inteligencia en toda la provincia. «Si se afirma que es un riesgo para la defensa, no hay manera de revertirlo sin modificar ese diagnóstico», agregó.
El funcionario destacó que, pese a presentar un recurso de reconsideración en diciembre de 2023, la actual administración no respondió. Además, reveló que Leolabs firmó un acuerdo público con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para monitorear el Atlántico Sur, lo que agravó las sospechas. «Si ya había dudas sobre su uso dual, el contrato lo confirmó: podía transferir datos militares», afirmó.
Paralelamente, la Justicia fueguina evalúa disolver la sociedad por incumplir su objeto social. «Su razón de existencia era operar radares, algo que ya no pueden hacer. Sin embargo, todo depende de que el Gobierno nacional retire su veto», aclaró Dachary, enfatizando que la regulación de radares es competencia federal.
La polémica trasciende lo técnico. Andrés Dachary vinculó el caso con la reciente propuesta de instalar una base estadounidense en Ushuaia, advirtiendo sobre la «importación de conflictos ajenos». Su conclusión fue contundente: «Esto no es solo un radar; es un tema de soberanía».
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