El Ejecutivo nacional confirmó que presentará una apelación contra la resolución judicial que dejó sin efecto, de manera provisoria, el decreto que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión fue anunciada este jueves por la tarde por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, en respuesta a un recurso presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). La organización gremial cuestionó la legalidad del cierre del organismo y alertó por las consecuencias laborales que implicaría para cientos de trabajadores.
El decreto presidencial, publicado el pasado 8 de julio, no solo proponía la eliminación de Vialidad Nacional, sino también la disolución de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de más de 9 mil kilómetros de rutas a operadores privados.
Desde el Gobierno argumentan que la reestructuración apunta a reducir gastos y eliminar estructuras vinculadas, según sostienen, a maniobras de corrupción. En ese sentido, Adorni hizo referencia al fallo de la causa conocida como «Vialidad», en la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalando que el sistema actual permitió «adjudicaciones irregulares, pagos anticipados injustificados y abandono de obras sin sanciones».
Según estimaciones oficiales, la desaparición del organismo permitiría un ahorro anual de 100 millones de dólares. Las funciones que hoy cumple Vialidad Nacional pasarían a estar distribuidas entre la futura Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y dos áreas dependientes del Ministerio de Economía, una bajo la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.
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