En un panorama desolador para las políticas públicas de cuidado en Argentina, Lucía De La Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista y de la Clínica Jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expuso los hallazgos del informe “La Cocina de los Cuidados”, que revela el desmantelamiento sistemático de programas esenciales. «De las 50 políticas existentes a nivel nacional, solo se sostienen cuatro», afirmó durante una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, donde detalló el impacto concreto en la población más vulnerable.
El informe, basado en pedidos de acceso a la información pública y testimonios de afectados, evidencia una crisis multidimensional. «Las personas mayores están eligiendo entre comer y medicarse», señaló De La Vega. «Ya no tenemos moratoria previsional; quienes perciben la pensión universal para adultos mayores necesitan 45 mil pesos más para alcanzar una canasta básica. A eso se suma que muchos medicamentos quedaron excluidos de PAMI: la gente nos dice ‘estoy eligiendo, no me compro los remedios porque si no, no puedo comer’».
El recorte también alcanza a las infancias. Aunque se mantienen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, «casi un millón y medio de niños quedaron fuera por incompatibilidades», explicó. Estos topes, sumados a la falta de actualización presupuestaria, profundizan la desigualdad: «Las familias, incluso de sectores medios, recurren al pluriempleo, reducen gastos en cuidados o dejan a niños al cuidado de otros niños, con todos los riesgos que eso implica».
En el ámbito de la salud, el programa “Remediar”, que distribuía medicamentos gratuitos, fue interrumpido, mientras que el Plan de Prevención del Embarazo Adolescente solo se ejecutó en un 56%. «El Estado nacional tiene un rol de rectoría sanitaria, pero abandonó esa función», criticó. Similar suerte corrieron las personas con discapacidad: «Se revocaron 56 mil pensiones vigentes y se rechazaron miles de trámites nuevos. Hay sobrevivientes de torturas con discapacidades inducidas que aún no acceden a este derecho».
Frente a este escenario, el CELS impulsa acciones legales e internacionales. «Hemos judicializado el acceso a alimentos para comedores, litigado por insumos para abortos legales y frenado la destrucción del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) con una medida cautelar», enumeró. Además, presentaron denuncias ante la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A nivel legislativo, buscan avanzar con una ley de emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional, clave para que miles de mujeres y hombres puedan jubilarse.
La senadora Eugenia Duré, presente en la presentación del informe, se comprometió a llevar el debate al Congreso. «Es urgente que otras fuerzas políticas tomen dimensión de lo que ocurre», remarcó finalmente De La Vega. Pese a las dificultades, destacó pequeñas victorias: «Hay sentencias favorables, aunque cueste ejecutarlas. Esto no es solo un diagnóstico: es un llamado a actuar».
La entrevista cerró con un tono de urgencia: la crisis de cuidados ya no es un problema sectorial, sino una emergencia nacional donde, como resumió la coordinadora del CELS, «el Estado eligió mirar para otro lado».
Comentarios