El bloqueo que impedía la salida de colectivos de su base y dejó sin transporte público a la ciudad de Río Grande fue dejado sin efecto esta tarde, poco antes de las 18 horas y el servicio se normalizará en pocos minutos más.
La drástica medida de fuerza fue depuesta luego de que el Juez de Instrucción de turno, Daniel Cesari Hernandez se hiciera presente en el lugar e intimara a los manifestantes a cesar en su actitud.
El conflicto entre el gremio y la empresa Citybus había dejado a la ciudad sin transporte de colectivos desde muy temprano este sábado, cuando un reducido grupo de afiliados a la UTA decidieron montar una barricada con pallets frente a la salida del galpón ubicado en el parque industrial, obstruyendo la entrada y salida de vehículos.
Alrededor de las 16,30 se hizo presente en el lugar el Juez de Instrucción, quien parlamentó unos minutos con los manifestantes, tras lo cual solicitó la presencia del representante legal del sindicato, el abogado Paulino Rossi.
En breves minutos concurrió al llamado el Dr. Rossi para hablar con el Juez, tras lo cual se acordó cesar con el bloqueo, aunque la protesta gremial se sostiene en todos sus términos, aclaró el letrado a radiofueguina.com.
En el lugar, mientras tanto, se mantuvo durante la jornada una fuerte custodia de policías, encabezados por el propio titular de la Unidad Regional Norte, Marcelo Guerrero y la jefa de la Comisaría Segunda, Comisario Inspector Lorena Quinteros.
Intimación y promesa
Tras culminar su actuación en el lugar, y antes de retirarse con la promesa de cesar el bloqueo, el Dr. Daniel Cesari Hernandez dialogó con radiofueguina.com, compartiendo que “se le informó (a los activistas) que a requerimiento del Fiscal de Turno se ha iniciado una causa penal por entorpecimiento de un servicio público”.
“Los intime a que liberasen el portón de ingreso y egreso de vehículos. Aceptaron la intimación del Tribunal”, confirmó el Juez.
No obstante el aparente acuerdo, se mantendrá la vigilancia policial en el lugar “para garantizar la seguridad de la población y también de los trabajadores”.
Advirtió el magistrado que “Hay que balancear el derecho de cada trabajador a protestar y a mantener su fuente de trabajo con el derecho de la población –en este caso- de vivir con tranquilidad y gozar de un servicio tan esencial como es el servicio de colectivos”.
Respecto a los delitos contemplados por el Código Penal, el magistrado consideró que el accionar de los piqueteros se encuadraría “en la coacción y los entorpecimientos a la prestación de un servicio de transporte público”.
El reclamo
Según informaron a este medio los trabajadores y el patrocinador legal del gremio, Paulino Rossi, el reclamo que motivó el piquete de este sábado está relacionado con viejos reclamos laborales, fundamentalmente una serie de despidos dispuestos por la empresa en los últimos meses.
El conflicto permanecía en una especie de “stand by”, hasta el jueves pasado, cuando venció una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Nación.
De acuerdo a lo explicado por Rossi, el gremio acató la conciliación, no así la empresa que consideraba que no era atribución de la cartera nacional intervenir en el diferendo. Sin embargo, la intervención de su homólogo provincial es nula en el tema, lo que ha agravado más los desencuentros.
Entre los reclamos se listan la necesidad de mayor dotación de baños en los extremos de línea, mala liquidación de haberes, atrasos en los pagos y, fundamentalmente, una serie de despidos ocurridos en los últimos meses. Entre los cesantes se encuentra Karina Camacho, quien fuera presentada en 2017 como la primera choferesa de Río Grande.
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