El fiscal federal de Ushuaia, Juan Soria, emitió un dictamen a favor de un amparo presentado contra el decreto que recorta asignaciones familiares para la Patagonia.
El amparo fue presentado por la trabajadora gastronómica Mariana Marianucci, y respaldado por la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos seccional Tierra del Fuego (UTHGRA), y por el propio Ejecutivo provincial.
Soria consideró que a través del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri se comprueba un «menoscabo de la escala salarial».
Además, el funcionario indicó que con la norma «se afecta la seguridad social de las personas que habitan esta zona con la disminución de sus ingresos sin un tratamiento y análisis legislativo que tome en cuenta un estado de emergencia en la materia».
En esa línea, el fiscal agregó que el decreto se basa en la «adopción de un criterio uniforme» que soslaya la contemplación de los coeficientes zonales de una ley vigente.
Contradicción
Es por eso que el dictamen admite una «contradicción con una norma de jerarquía superior» y postula que «el orden jerárquico normativo de controla mediante el remedio que es la declaración de inconstitucionalidad».
«La aplicación del decreto cuestionado con los parámetros establecidos traerá aparejado un deterioro de los derechos existentes en materia de la seguridad social, por lo que considero que la acción de amparo impetrada es admisible», aseguró Soria en su pronunciamiento.
A su vez, al expedirse sobre la procedencia de la medida cautelar, el fiscal federal mencionó que la quita dispuesta por el decreto del Gobierno nacional «implica una disminución del salario que tiene carácter alimentario», por lo que ingresa en el abanico de los sectores «socialmente vulnerables».
«Y dada la inminencia de la aplicación del decreto impugnado (el 1 de septiembre del corriente año) se verifica el peligro en la demora», con lo que «corresponde acceder también a la medida cautelar», sostuvo.
La presentación de Marianucci fue realizada el martes ante el Juzgado Federal y en la demanda se menciona también al hijo de la mujer, destinatario final de la asignación familiar que el decreto nacional recorta.
La demandante fue acompañada por el secretario general de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego, Ramón Calderón y por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Sergio Mingrino.
En los fundamentos de la acción, se argumentó que el decreto «iguala para abajo las asignaciones, eliminando el diferencial que veníamos percibiendo los trabajadores de la Patagonia».
La demanda indicó que «el decreto que venimos a impugnar representa un recorte en nuestro salario real».
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