Antonio Ríos, de 64 años, es uno más de las decenas de vecinos de Río Grande sin un techo fijo. Deambuló por la ciudad por un largo tiempo, hasta que decidió ocupar ilegalmente una vivienda ubicada en la esquina de Piedrabuena y Obligado. Tres años después, se inmolaría en esa misma casa.
Durante ese período, usurpó de manera esporádica la precaria construcción, habitándola a veces por espacio de meses pero también desapareciendo de la misma por largo tiempo.
El propietario de la misma, harto de esta situación, había judicializado el hecho hace más de un año. En representación del dueño, el Dr. Francisco Ibarra había obtenido la orden judicial para ordenar y ejecutar el desalojo.
El desalojo que terminó en tragedia
A pesar de que el fallo había llegado con antelación, Ibarra había intentado por todos los medios conseguir una vivienda para Ríos antes del desalojo formal.
Para ello, se había comunicado con las autoridades municipales de la Defensoría Pública para que estas gestionaran un lugar en una pensión de la ciudad, lo que se había concretado en las últimas horas.
Esta tarde, cuando Ríos fue informado del desalojo y de su inminente mudanza a la pensión, situación que le fue comunicada directamente por el Dr. Ibarra, quien se presentó acompañado de un representante de la Justicia provincial.
Sin embargo, minutos después de la notificación y una vez se había retirado el grueso de la comitiva, Ríos perdió la razón, tomó un frasco de diluyente de pintura y se inmoló a lo bonzo.
Todo ocurrió frente a efectivos policiales que habían llegado al lugar para custodiar el procedimiento y certificar que el mismo se realizara en buenos términos. Dos de estos uniformados, debieron ser trasladados al Hospital para su atención debido a que habían aspirado el líquido tóxico que utilizó la víctima para prenderse fuego.
Comentarios