Este mediodía, el juez Horacio Boccardo realizó una conferencia de prensa en los Tribunales de YPF en la cual se refirió a los avances en la demanda colectiva que representa a más de 7 mil vecinos de Tierra del Fuego, que buscan se resarcidos por las concesionarias radicadas en la provincia.
Es que, según la denuncia, las concesionarias se habían apropiado indebidamente de los beneficios impositivos de la Ley 19640, explicó el magistrado. Por ello, la acción presentada a la Justicia persigue «la reparación de los perjuicios ocasionados por la adquisición de vehículos cero kilómetro» a partir del 1 de enero de 2001.
A partir del último avance registrado en la causa, Boccardo explicó que se ingresa a una nueva etapa del proceso legal: ahora, las casas automotrices tendrán un plazo de 50 días (corresponden 20, pero tienen domicilio legal en Buenos Aires) para realizar el descargo correspondiente.
La primera demanda de este tipo en Tierra del Fuego
Si bien en el pasado han existido denuncias similares, en las cuales vecinos denunciaban que las exenciones impositivas dispuestas a través de la Ley 19640 no se cumplían, jamás se había presentado una demanda colectiva que nucleara a tan importante cantidad de fueguinos.
La demanda comenzó a ser elaborada hace prácticamente dos años y estuvo impulsada por los abogados Jorge Daniel Amena (recientemente fallecido) y Federico Rauch.
En su momento, los letrados explicaron e indicaron cómo calcular los beneficios impositivos a los cuales cada vecino, depende el costo del vehículo adquirido, debería haber obtenido.
A través de ejemplos, explicaron que en el caso de autos nacionales, aquellos que cuestan en continente cerca de $173 mil, deberían haber costado en la Isla $118 mil.
El caso de los autos de alta gama e importados es aún más grave: aquellos rodados con un costo cercano al millón de pesos, en Tierra del Fuego tendría que tener un costo de $349 mil (un 330% menos).
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