En el marco de la judicialización del cobro del Impuesto Inmobiliario que impulsó la agencia recaudadora provincial, funcionarios de las municipalidades de Ushuaia y Río Grande expondrán este jueves 30 de marzo sobre la postura de ambos Ejecutivos.
El encuentro permitirá explicar y detallar las respuestas elevadas por cada Municipio al Superior Tribunal de Justicia ante la presentación de la AREF y análisis sobre la aplicación de los recursos en las políticas públicas municipales. Está previsto su desarrollo el próximo jueves 30, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel de Río Grande, ubicado en Alberdi 555.
La jornada tendrá como disertante destacado al constitucionalista Eduardo Barcesat quien hablará sobre Autonomía Municipal y la figura del “amicus curiae” en los diferendos judicializados.
El doctor Eduardo Barcesat es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, fue convencional nacional constituyente en la reforma de la Constitución en 1994. Actualmente, se desempeña como profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y es mundialmente reconocido por su labor como defensor de los derechos humanos.
Los secretarios de Legal y Técnica de Ushuaia y Río Grande, Victoria Vuoto y Daniel Garay respectivamente, hablarán sobre “Postura municipal frente al Impuesto Inmobiliario”. En tanto, los secretarios de Finanzas Lucas Gallo (Ushuaia) y Oscar Bahamonde (Río Grande) lo harán sobre “Implicancias económicas-financieras en materia tributaria”.
Defensa de la Autonomía Municipal
El secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Dr. Federico Runin explicó al respecto que “este evento tiene por objetivo poner de relieve las posturas municipales frente al avance del Gobierno Provincial sobre facultades propias de las ciudades”.
En este sentido, recordó “el pedido de declaración de certeza que la Provincia realizó a través de la Agencia de Recaudación Fueguina en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia para comenzar a percibir el impuesto inmobiliario, potestad que legalmente corresponde a los Municipios”.
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