La Justicia sospecha que no habrían llegado a destino los camiones que la empresa IVECO, el anterior único sponsor privado de «Fútbol para Todos», debía entregarle al Estado como parte de contratos de publicidad, y por ello se ordenó una inspección ocular de las unidades en el propio estacionamiento de los tribunales federales.
Se trata de la investigación que lleva adelante la jueza federal María Servini de Cubría, donde se busca saber qué destino tuvieron los millonarios fondos que el Estado le entregó a la AFA entre 2009 y 2015, y por el que fueron imputados los ex jefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.
Entre ese análisis, figura el acuerdo alcanzado entre la AFA con la firma IVECO, quien era el único auspiciante de «Fútbol para Todos», en donde la compañía automotriz se comprometía a pagar efectivo y hacer «canje» de camiones, que iban a ser derivados al Ejecutivo.
De acuerdo a las fuentes judiciales, la empresa pagó con 159 camiones los spots publicitarios por valor de 60.200.000 de pesos, mientras que entregó 24.800.000 en billetes, en el marco de los acuerdos fijados de 2010 a 2015.
El año pasado la jueza Servini de Cubría pidió a Jefatura de Gabinete conocer en detalle el destino que el Gobierno le dio a los camiones y recibió informes sobre las áreas a las que habían sido remitidos: Ministerio de Medio Ambiente, la radio y la TV públicas, Acumar, la Policía, la Prefectura y la Gendarmería.
Pero la jueza pidió las fotografías de las unidades a cada una de las áreas que las recibió y le llamó la atención que, de lo remitido por Gendarmería, se veían imágenes de vehículos sin patentes, con numeración tapada o parecida.
Bajo la sospecha de que esa fuerza no recibió los 15 camiones asignados sino menos y que el destino de los vehículos haya sido distinto al fijado, Servini de Cubría ordenó a la Gendarmería Nacional que el próximo miércoles 9 de marzo a las 11 se presenten los 15 camiones que llegaron a esa repartición en la puerta de los tribunales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
La jueza busca que la Policía Metropolitana analice los vehículos mientras se dispuso que el Jefe de Logística de Gendarmería se presente a dar explicaciones.
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