Para el próximo 3 de setiembre está previsto el inicio del juicio oral y público contra la ex diputada nacional María Adela Calchaquí, procesada por haber cobrado dineros del Estado mediante el uso de un certificado de estudios falso.
Calchaquí, que fuera legisladora nacional entre 2007 y 2001 por el Paufe (el partido de Aldo Rico), se sumó, enseguida de acceder a la banca, al bloque oficialista y desde entonces militó en el Frente para la Victoria. Al finalizar su mandato, se encontraba embarcada en la campaña por la reelección cuando debió hacer frente a la denuncia que ahora la lleva al banquillo, dando abrupto final a su carrera política.
Una investigación administrativa llevada a cabo por la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia -a partir de una denuncia anónima- llevó a la conclusión de que Calchaquí (que se hace llamar Mariel, aunque su verdadero nombre de pila es María Adela) cobró, entre 1990 y 2007 un complemento salarial por estudios secundarios a través de la utilización de un certificado fraguado.
A su ingreso a la administración pública en 1991, Calchaquí avaló su condición de egresada del secundario con una constancia emitida (supuestamente) por el Instituto Jerónimo Luis de Cabrera, de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, en 2011 y en respuesta a una consulta específica, las autoridades del establecimiento respondieron que la ex alumna no superó la instancia de primer año y que por tanto nunca se diplomó en dicho instituto secundario.
A pesar de haberse comprobado administrativamente la estafa, el gobierno provincial nunca la exoneró y Calchaquí aún continúa revistando como agente categoría 23 de planta permanente de la Secretaría de Desarrollo Social de Tierra del Fuego, aunque no presta servicios por encontrarse en situación de “adscripta” bajo la tutela de legisladores kirchneristas.
Efectuada la denuncia penal correspondiente “Mariel” Calchaquí fue procesada en 2013 por el juez de Instrucción Héctor Ochoa y ahora es llevada a juicio, en audiencia a efectuarse en los tribunales del ex campamento YPF, sala de juicio del Distrito Judicial Norte, bajo la imputación de “Uso de instrumento público falso en concurso ideal con defraudación a la administración pública.
El presunto delito achacado a la ex diputada está contemplado en los artículos 172 y 173 del Código Penal que prevén una pena de un mes a seis años de prisión.
El tribunal de juicio será presidido por el Dr. Eugenio Sarrabayrouse e integrado por Daniel Borrone y Juan José Varela.
La acusación estará a cargo del Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, en tanto que la defensa será ejercida por la abogada Nora Franchini.
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