La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios planteados por el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, en la causa por supuesto fraude en el programaSueños Compartidos para la construcción de viviendas sociales.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el tribunalvalidó las pruebas recabadas por el primer juez de la causa, Norberto Oyarbide, y rechazó el pedido de Schoklender de levantar la inhibición que pesa sobre sus bienes.
La Sala Cuatro, compuesta por los camaristas Gustavo M. Hornos y los Vocales Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky, consideró «inadmisibles» las apelaciones, hechas por la defensoría pública del acusado, al rechazo de nulidades que había dictado la Cámara Federal.
Además, desestimó un recurso de la defensa del coimputado José Fernando Caparrós Gómez contra la decisión que le denegó la venta de dos automóviles y de una embarcación, denominada «Sirius», hasta tanto se aclare el origen del dinero con que fueron adquiridos.
La causa. En abril, la Cámara Federal había ratificado la inhibición general de bienes contra Schoklender, dictada por Oyarbide. El juez fue más tarde apartado de la investigación por decisión de la propia Cámara. No obstante, la intervención de Oyarbide fue ratificada por su sucesor, Marcelo Martínez de Giorgi.
Además, el magistrado dispuso profundizar una medida de prueba para determinar cuáles bienes corresponden efectivamente al patrimonio del mayor de los hermanos Schoklender. Oyarbide llegó a procesar y detener a los hermanos Schoklender y al contador Alejandro Gotkin por los desvíos financieros bajo una presunta asociación ilícita, mientras que se imputó a 60 personas, entre ellas Alejandra Bonafini, hija de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Pero al mismo tiempo, Martínez de Giorgi tenía en sus manos una denuncia contra los funcionarios responsables de controlar esas obras que, según sostiene la agencia DyN, nunca avanzó.
Después de varios cuestionamientos a la forma en que Oyarbide condujo la investigación, la Cámara Federal anuló las 66 declaraciones indagatorias que había tomado y los procesamientos que había dictado, por lo que la causa volvió a prácticamente a «foja cero».
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