El Gobierno nacional enviará mil agentes federales a Córdoba para «evitar acciones extorsivas» de la policía provincial y reclamó a fiscales y jueces que «identifiquen a los responsables de hechos vandálicos». La medida fue anunciada este jueves por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa.
Luego de que Córdoba sancionara a cuatro efectivos por «promover un proceso de acuartelamiento», Capitanich reveló que el gobernador José Manuel De la Sota hizo un «requerimiento formal para la actuación de las fuerzas federales».
«Nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos», advirtió Capitanich, que reclamó a jueces y fiscales, en su «rol insustituible», que identiquen a los responsables de «hechos y acciones vandálicas».
«Nadie puede estar sometido a procesos extorsivos permanentes», concluyó el jefe de Ministros.
Cuatro efectivos policiales fueron pasados a disponibilidad por decisión del Tribunal de Conducta de la Policía de la Provincia de Córdoba, al ser sindicados como presuntos instigadores de nuevos autoacuartelamientos, según fue confirmado desde el organismo de seguridad.
El titular del Tribunal de Conducta de la fuerza policial, Martín Berrotarán, precisó a la emisora local LV3 que la sanción fue impuesta a un oficial y tres suboficiales, porque presuntamente están «incentivando a la tropa a tomar las mismas medidas que en diciembre pasado», dijo refiriéndose al autoacuartelamiento que luego derivó en los saqueos masivos a los comercios como consecuencia de la falta de seguridad pública.
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