El Diputado Nacional, próximo a asumir en la Cámara Alta, fundamentó en el recinto su voto en contra del proyecto oficialista, indicando que la Nación pretende “provincializar” o “municipalizar” las responsabilidades, dado que en su articulado “todo lo relativo a la responsabilidad estatal, a la forma de reparación de los derechos vulnerados de los particulares, a la extensión de la reparación del daño como asimismo a la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos debe ser establecida por las normas locales, ya que en su artículo 11 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la misma para regular, en sus jurisdicciones, la responsabilidad estatal”.
Además de esto, Garramuño resaltó en el recinto que “se advierte que la responsabilidad del Estado se diluye y disminuye notoriamente, muchas veces en amplia contradicción con la Constitución Nacional y la jurisprudencia que regularon hasta hoy todo lo relativo a la responsabilidad estatal”.
En este sentido, recordó que el proyecto “establece la improcedencia de imponer sanciones pecuniarias contra el Estado”, además de “exceptuar los casos fortuitos o fuerza mayor salvo que sean asumidos por el Estado, lo cual es poco probable”, indicó.
Además el Estado no responde ni aún en forma subsidiaria de la responsabilidad de proveer el servicio público sino también la abdicación de control, ordenación y regulación sobre concesionarios y contratistas. Esto fue considerado por Jorge Garramuño como el abandono del «poder de policía», que debe ser irrenunciable por parte del Estado y sus organismos de control.
“Son exiguos los plazos de prescripción fijados al Estado y principalmente a los funcionarios intervinientes en el ejercicio de sus funciones. Creemos que sería más transparente que el plazo supere un mandato de gobierno”, peticionó en sesión.
Por último, el Diputado Nacional hizo hincapié en la función “de este Congreso de producir leyes, pero no cualquier ley, sino con perdurabilidad en el tiempo y en consonancia con las mandas constitucionales”, considerando que “esta ley corre riesgos de ser pasible de numerosas tachas de inconstitucionalidad, siendo perjudicial para el sistema democrático”, concluyó diciendo Jorge Garramuño.
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