El juez Jaime Alvarez consideró que en el caso de las imputadas no se daban los presupuestos legales para cumplir sus penas en libertad. Estimó que la prisión resulta la medida más viable para su reinserción social.
Asimismo, el magistrado planteó que “el Tribunal no puede dejar de considerar la naturaleza, modalidad y móviles del delito, ya que esto permite presumir que no volverán a delinquir en el tráfico de drogas por lo que se les acusa, ilícito que afecta ostensiblemente a la salud pública, además se consideró que cruzaron la frontera con el fin de distribuir la droga en esta zona y que sus móviles resultaron ser claramente económicos, lo que revela que están dispuestas a correr serios riesgos con fines de lucro, toda vez que es evidente que no era para el consumo personal ni distribución entre sus amigos, generando una ruta de tráfico que es dable presumir no pararía allí”, expuso el juez sentenciador.
Añadió que si bien las imputadas tenían cercanía con la región, ambas residían en Río Grande cuando ocurrió el ilícito (15 de mayo de 2013), por lo que una sanción con cumplimiento en libertad podría ser fácilmente burlado por las acusadas huyendo del territorio nacional.
Familiares de las acusadas que viajaron desde Argentina para conocer la sentencia, se mostraron sorprendidas por el dictamen, rompiendo en llanto al conocerse la sanción impuesta, ya que esperaban que se les concediera algún tipo de beneficios.
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