(Río Grande, noviembre 15 de 2012) – A horas de suscripto, el convenio firmado en Río Grande por los tres intendentes y el gobierno provincial parece caer en un pozo de dudas, frente a la falta de apoyo explícito de la gobernadora Fabiana Ríos y el paso al costado dado por la Justicia.
Fuentes muy cercanas al Intendente Melella admitieron que no han recibido comunicación expresa del aval que esperaban de parte de la gobernadora, y hasta temen que la mandataria no coincida con la decisión de su jefe de Gabinete que avanzó en un acuerdo político sin esperar un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia.
A través del denominado “Acuerdo de Río Grande”, municipios y gobierno habían expresado su voluntad de resolver en el marco político la controversia por la aplicación de la Ley 648, lo que llevó a los jueces a suspender los plazos que tenían para resolver el pedido de Acción de Declaración de Certeza que ha sido impulsado por el Fiscal de Estado en representación del gobierno provincial.
Esta decisión del STJ, y las amenazas surgidas desde algún sector político de impulsar un juicio político a los funcionarios (por supuesto incumplimiento de la aplicación de la Ley 648 desde su sanción) habrían creado resistencia en el entorno de Ríos, respecto a seguir adelante con las conversaciones que decididamente lidera Guillermo Aramburu.
Así, a horas de firmado, el acuerdo estaría seriamente en riesgo, lo que ha motivado el llamado a urgentes reuniones entre representantes de los municipios, las que se llevarían a cabo esta mañana en Ushuaia.
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