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La Justicia avanza en la investigación sobre Schoklender

El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó al juez federal Norberto Oyarbide que inicie la pesquisa contra Schoklender, su hermano Pablo, actual apoderado de Madres y otras siete personas que estarían vinculadas por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Bonafini Scho
Schoklender había sido denunciado por una diputada de la Coalición Cívica en 2010.

El fiscal pidió que se impida la salida del país de todos los acusados. Por otra parte, el titular de la CGT, Hugo Moyano, pidió que se «deje actuar a la Justicia» en el caso que involucra al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en un presunto caso de lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

Di Lello impulsó la investigación penal contra el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo por presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el manejo de los fondos de la entidad en la construcción de viviendas sociales. Según el dictamen al que accedió DyN, el pedido de prohibición de salida del país contra Schoklender y el resto de los acusados es «a fin de evitar situaciones que pudieran dilatar el trámite» de la causa.

El fiscal reclamó también como medida «cautelar» Oyarbide ordene la inhibición para modificar cualquier situación accionaria de una veintena de empresas mencionadas en el dictamen.

Además de los hermanos Schoklender aparecen implicados en el pedido de investigan Alejandro Abraham Gotkin, Marcela Nancy Zlotogorski, Daniel Laurenti, Gustavo Adrián Serventich, Leonardo Alejandro Hubscher, Marcelo Gabriel Lewkowicz y Alberto Marcelo García.

Di Lello sostuvo que de los datos y documentación aportados por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y por las diputadas Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, «se ha construído una hipótesis delictiva en la que se presume el desvío de fondos públicos» que eran «administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de su apoderado Sergio Mauricio Schoklender».

Por otra parte, al ser consultado por la agencia DyN sobre el tema, el líder de la central obrera fue escueto: «Dejen actuar a la Justicia. Todo el mundo debe dejar actuar a la Justicia». En coincidencia con esa posición, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, añadió que “en el caso de comprobarse que ha hecho algo fuera de la ley, lo que ha hecho (Schoklender) es defraudar a las Madres».

Además, el ministro del Interior aseguró que «Schoklender no es funcionario del gobierno y la Justicia tiene que investigar a fondo con respecto a lo que ha ocurrido”. En su criterio, «las madres no se manchan (porque) son una institución de un prestigio nacional e internacional que nos llena de orgullo a todos los argentinos».

El titular del del gremio de judiciales, Julio Piumato, calificó de «campaña artera» la difusión mediática del caso Schoklender. «Esto lo tendrá que dilucidar la Justicia y tendrá que ser sancionado» si se comprueban delitos que se le imputan, agregó Piumato quien sin embargo alertó que el caso es una «utilización para manchar a las Madres de Plaza de Mayo».

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