La subsecretaria de Educación provincial, Cristina Argañaraz, realizó una denuncia penal ante la fiscalía por la ocupación de oficinas públicas e informó que dicho organo «todavía no tomó intervención en la denuncia».
Dichas instalaciones fueron tomadas por autoridades del SUTEF, quienes reclaman una reunión con representantes gubernametanles para continuar con la discusión salarial que comenzara hace ya varios meses.
El Gobierno provincial realizó hace varios días una oferta salarial a la que calificó como «definitiva»,que no fue aprobada por los directivos del sindicato docente, quienes decidieron asentarse en las oficinas del Ministerio de Educación.
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