(Mendoza, abril 15 de 2011/diario Los Andes) – Según se conoció a través de agencias internacionales y medios de prensa trasandinos, el gobierno chileno hizo público ayer que necesitará un plazo de ocho años, a partir de ahora, para concluir con la tarea de ubicación y destrucción de decenas de miles de minas antipersona y antitanque que instaló su ejército en zonas fronterizas, la mayoría de ellas en los límites con Argentina, colocadas durante el conflicto por el canal de Beagle en 1978.
La novedad fue confirmada por el ministro chileno de Defensa, Andrés Allamand, quien dijo ayer a una radio del sur trasandino que solicitará a la Convención de Ottawa un plazo extra de 8 años para cumplir con ese operativo, comprometido por su gobierno al firmar el tratado internacional en 1999.
Según sean las distintas estimaciones, la cantidad de minas colocadas en zonas limítrofes chileno-argentinas varía entre 100.000 y 350.000.
La ONG trasandina Zona Minada calcula que entre Argentina y Chile hay 100.000 minas antipersona, 150.000 minas antitanque y “un número indeterminado de municiones militares que no han estallado”, el que no sería inferior a 30.000.
Una cifra menor, pero igualmente importante, quedaría aún en las fronteras chileno-bolivianas y chileno-peruanas.
De este informe de Zona Minada se hizo eco recientemente el legislador del Partido por la Democracia Guido Girardi Lavín -titular del Senado-, quien pidió acelerar el proceso de desminado, a la vez que detalló que, sólo en Chile, han muerto 150 personas por esta causa.
Del lado argentino, se han ocupado del problema el propio gobierno nacional, distintas organizaciones no gubernamentales y periodistas especializados.
Años atrás, Antonio Oieni, del diario El Tribuno de Salta, apuntaba que “en 1999 se contabilizaban 500.000 minas terrestres reconocidas por las fuerzas armadas chilenas en catorce pasos cordilleranos, desde Jama hasta Tierra del Fuego”. Y, tomando en consideración informes de la prensa chilena que registran que en los últimos 10 años Chile sólo pudo neutralizar el 13% de esa cifra, se podría calcular que el número de minas actualmente enterradas es superior a 400.000.
El mencionado ministro chileno Allamand agregó que durante los últimos cinco años, “las tareas con el objetivo de neutralizar las bombas se han acelerado por parte de unidades especiales del Ejército y de la Armada chilena”.
Las minas fueron sembradas durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990), ante el temor de que se produjeran ataques de Argentina, Bolivia o de Perú. En el caso de la frontera con nuestro país, la mayoría fueron puestas a fines de 1978, cuando el enfrentamiento por los límites y las islas del Canal de Beagle estuvo a punto de convertirse en conflicto armado.
Según Zona Minada, además de las 150 personas que murieron en accidentes, muchos han sufrido mutilaciones en sus miembros inferiores por los estallidos.
Chile, al igual que Argentina, Bolivia y Perú, se han comprometido a cumplir la Convención de Ottawa aprobada en 1997, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. El plazo dado para la conclusión del trabajo, en todo el mundo, es el año 2012. El tratado nunca fue firmado por EEUU, Rusia, China e India.
Tras la difusión del informe de Zona Minada, el senador trasandino Girardi reclamó: “Estamos en tiempo de paz y no hay ninguna justificación para que la población del país, y especialmente los turistas, se encuentren con que hay campos minados”. El parlamentario manifestó su deseo de que se incorpore en la política chilena, “con un presupuesto”, “la posibilidad de resolver esta peligrosa situación, y de que se instruya a la sociedad civil sobre esta temática”.
“Queremos pedirle al ministro Allamand que este sea un tema prioritario y que Chile sea, en el lapso más breve posible, un país sin minas. Sabemos que es caro y que es difícil, pero no se justifican estos riesgos”, sostuvo Girardi.
A su turno, el titular de Zona Minada, Elir Rojas, advirtió que “se debe ir un poco más rápido en el proceso de eliminación de las minas si se quiere cumplir con la Convención de Ottawa. Todos somos potenciales víctimas. Mientras tengamos estos remanentes de guerra la seguridad va a estar frenada”, señaló Rojas. Además, destacó que “el fortalecimiento de los programas de información y prevención no es sólo una responsabilidad de las Fuerzas Armadas sino de todo el país”.
(Fuente textual: diario Los Andes)