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Vuelven a promover instalación de zona franca en Río Gallegos

Esta vez lo hace el diputado Jorge Cruz, a partir de un pedido que ingresará a la Legislatura provincial para que la Provincia y la Nación celebren un nuevo convenio que permita la instalación de la postergada zona franca en la ciudad.

(Río Gallegos, 28 de marzo de 2011) – Olvidada en los anaqueles de algún despacho, la zona franca de Río Gallegos nunca pudo ser puesta en marcha, aún con una ley nacional vigente que nunca fue derogada.

Varios fueron los intentos de reflotarla, pero ninguno tuvo éxito. Ahora es el turno del diputado Jorge Cruz (UCR), quien adelantó que en la próxima sesión ordinaria presentará un proyecto por el cual impulsa que la Provincia celebre un convenio con Nación para instalar la postergada zona franca, contemplándose la autorización para las operaciones de comercio minorista de mercaderías de origen extranjero, libres de derechos a la importación, en la ciudad asiento de la Zona Franca y su área de influencia.

El legislador radical explicó los motivos que lo mueven a presentar esta iniciativa: “Tengamos presente que en la vecina ciudad de Punta Arenas se encuentra funcionando una zona franca que contempla la actividad comercial minorista, lo cual permite ofrecer al público consumidor productos importados libres de gravámenes fiscales por importación, lo que significa un precio menor de venta final al que estos mismos productos se encuentran en el mercado local. Esta circunstancia hace que muchos vecinos de nuestra ciudad y zona sur de Santa Cruz se trasladen masivamente y con frecuencia a Punta Arenas, a fin de adquirir mercaderías importadas a un costo más conveniente que el local y acceder a productos de última tecnología que en ocasiones no están disponibles en los establecimientos comerciales de Santa Cruz”.

Por otra parte, también indicó que se debe tener presente que “en el reciente feriado nacional por el Día de la Memoria, del pasado 24 y 25 de marzo, sólo el día jueves 24 se trasladaron a la ciudad de Punta Arenas más de 2.400 personas, que se registraron en el paso Integración Austral de Monte Aymond”, algo de lo que dio cuenta en su edición de ayer La Opinión Austral. Por lo que Cruz pidió considerar que “cada una de estas personas dispone de una franquicia de U$S 150 para adquirir mercaderías en Chile e introducirlas al país libres de derechos de aduana, lo cual hace suponer que en un solo día se fugó del circuito económico local la suma de U$S 360.000, la que multiplicada por los cuatro días del feriado largo arroja la suma de U$S 1.440.000 o su equivalente en moneda nacional, $ 5.760.000, a lo que cabe adicionarle, también, el dinero destinado por los consumidores a gastos de alojamiento y comida durante su estadía en Punta Arenas, concepto que puede estimarse en una suma similar a la anterior por persona”.

Para Cruz, una vez celebrado el convenio y ratificado por la Legislatura, “corresponde que el Gobierno provincial proceda a la implementación de las siguientes etapas del procedimiento, que son la conformación de la Comisión de Evaluación y Selección prevista por la Ley 24.331, art. 14°, a fin que proceda al llamado a licitación nacional e internacional para la concesión de la explotación de la zona franca de Río Gallegos, y su posterior adjudicación, y la conformación del Comité de Vigilancia previsto por la Ley 24.331, art. 15°, contemplándose su integración con los municipios del área de influencia de la zona de emplazamiento de la zona franca y entidades empresarias comerciales y de la producción”,

Finalmente, el diputado radical se refirió a la participación que competerá a los comerciantes y empresarios locales en la iniciativa y en tal sentido, manifestó que “consideramos de fundamental importancia que se implementen las medidas adecuadas en materia fiscal, tributaria, aduanera y administrativa, de competencia tanto nacional como provincial, a los fines de incorporar al comercio minorista con asiento en la ciudad de Río Gallegos y reducir así el impacto que los beneficios de la zona franca pudiera causar en la actividad económica local como efecto colateral no deseado, cuestión que será materia de discusión central en el seno del Comité de Vigilancia, en que estarán representados estos actores económicos”, concluyó Cruz.