El juez federal de Ushuaia Federico Calvete llamó a indagatoria a 18 de los 95 militares que fueron denunciados en la causa que se investigan torturas y abusos a soldados que lucharon en la Guerra de Malvinas.
El Juez dio curso de tal modo al pedido efectuado en mayo pasado por el Fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.
“El llamado a prestar declaración indagatoria constituye un verdadero punto de inflexión. Por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el juez, y se les expondrán los delitos de los que los acusa”, señaló a Télam el abogado del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) Jerónimo Guerrero Iraola.
La causa se basa en el testimonio de 120 ex combatientes y se deberá determinar si las torturas sufridas por los conscriptos que estuvieron en las islas deben ser consideradas como delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso celebró la decisión, al señalar que es una forma de “alimentar la esperanza de consagrar la verdad y la justicia” para con los excombatientes «que fueron víctimas de los abusos cometidos por sus superiores en aquel enfrentamiento bélico».
La investigación por esta causa comenzó en 2007 en base a denuncias contra el ex militar Jorge Eduardo Taranto en el Juzgado Federal de Río Grande, donde se determinó que se trataba de un caso de lesa humanidad.
Dos años después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal rechazó esa calificación y resolvió que los delitos denunciados debían ser declarados prescriptos, algo que la Corte Suprema ratificó en un fallo de 2015.
Sin embargo, se presentaron otras denuncias contra Taranto y otros ex militares que fueron remitidos a los tribunales de Tierra del Fuego, y tras varias presentaciones de nulidad formuladas por los representantes de los denunciados, la Cámara de Comodoro Rivadavia decidió dar curso a estas investigaciones como delitos de lesa humanidad.
La renuncia de la Jueza natural, Lilian Herráez, y la ausencia de otro magistrado a cargo del Juzgado de Río Grande motivó que el expediente quedara a cargo del Juez subrogante Federico Calvete, con asiento en Ushuaia.
El juez Calvete ya había rechazado las pretensiones de la defensa de los exmilitares y había solicitado, en mayo de este año, la detención e indagatoria de 26 militares denunciados por violaciones a los derechos humanos cometidos contra ex soldados conscriptos destinados en Malvinas.
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