El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego quedó inmerso en una polémica situación al conocerse que un ex consejero del organismo hasta 2017, que fue jurado en un concurso para cubrir una vacante de camarista, se presentó ahora como candidato al cargo a través del mismo certamen que antes lo tuvo como autoridad de evaluación.
El particular conflicto de intereses involucra al abogado de Ushuaia Daniel Alejandro Sacks, un hombre sin carrera judicial que el año pasado fue miembro del organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces fueguinos.
Sacks cumplió el mandato de consejero por un año, en representación de los abogados de Ushuaia que lo eligieron en elecciones donde se impuso por 157 votos sobre un total de 325 sufragios emitidos, precisaron a Télam fuentes judiciales del distrito.
Como autoridad del Consejo, Sacks fue jurado del concurso donde debían elegirse a tres jueces de la recién creada Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia.
La definición de ese certamen se produjo el 13 de diciembre de 2017, cuando el organismo seleccionó como nuevos magistrados a Aníbal Acosta y Alejandro Fernández, aunque la tercera vocalía de la Sala Civil fue declarada “desierta” porque el candidato que llegó a la instancia definitoria, el juez de Familia y Minoridad de Ushuaia Alejandro Ferretto, no reunió los cinco votos que necesitaba para ser electo.
Sacks concluyó su mandato como consejero unos días más tarde, y poco después se inscribió como postulante para el cargo de camarista donde había sido jurado.
Abogados de Ushuaia que pidieron no ser identificados, contaron a Télam que uno de los aspectos llamativos de la situación, es que Sacks tiene como contendientes para el cargo a “algunos de los postulantes que él ya evaluó y votó cuando era miembro del Consejo”.
Es el caso de los abogados Jesús González Saber y Sergio Bertero, que volvieron a presentarse como candidatos, indicaron las fuentes.
Otro punto conflictivo radica en que al haber sido miembro del Consejo de la Magistratura, Sacks conoce y mantuvo una relación laboral de doce meses, con al menos cuatro de los siete integrantes del cuerpo que siguen siendo los mismos que en 2017, como el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, y los legisladores Federico Bilota (Frente para la Victoria y Pablo Blanco (UCR-Cambiemos).
“Esos consejeros participarán de la selección del nuevo camarista Civil y evaluarán a Sacks a pesar de haberlo tenido como un par o un colega más, hasta hace cinco meses”, agregaron los letrados consultados por Télam.
Según las fuentes, ninguna ley provincial regula expresamente la incompatibilidad que podría existir para un ex funcionario del Consejo de la Magistratura a presentarse como candidato a juez poco después de dejar el cargo.
El único antecedente es la Ley Nacional de Ética Pública Nº 25.188 pero que solo hace referencia a incompatibilidades para funcionarios que hayan participado de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, con lo que no tendría una aplicación directa en este caso.
De este modo, la situación no tendría ningún reparo desde el punto de vista legal, aunque vuelve a sumar un cuestionamiento más a la larga lista que ya tiene el órgano encargado de la selección de jueces de Tierra del Fuego.
Es que el sistema vigente para elegir magistrados en el distrito, “carece de un jurado técnico” y se realiza a través de “un sistema de votación que no precisa de justificaciones. Cada consejero vota al postulante que le parece luego de una entrevista personal y de una prueba escrita no puntuada”, detallaron las fuentes.
Otros escándalos
Entre los casos más polémicos que involucran al Consejo de la Magistratura fueguino, una investigación de Télam recopiló el de Sandra Pesclevi, elegida jueza penal de Río Grande el 14 de julio de 2003, pero que el 6 de agosto de ese año no pudo asistir a la ceremonia de jura por un detalle: estaba presa en Buenos Aires, vinculada a un caso de corrupción.
La mujer había sido detenida por orden del juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atensio, en una causa donde se investigaba un presunto pedido de coimas.
El Superior Tribunal fueguino tuvo que suspender la jura de Pesclevi, y aunque la mujer fue finalmente desvinculada de la acusación, nunca pudo jurar como magistrada.
Otro caso llamativo fue el de Luis Felipe Ricca, nombrado camarista penal el 7 de marzo de 2001, sin que el Consejo indagara en sus nexos con Paulo César (PC) Farías, el empresario brasileño asesinado en 1996 que poseía fuertes vinculaciones con el narcotráfico, la mafia y el lavado de dinero.
Ricca terminó renunciando el 27 de noviembre de 2001 al difundirse esos hechos.
Un ex miembro del Superior Tribunal fueguino, Mario Robbio, había sido funcionario de la dictadura en la Secretaría de Información Pública, mientras que otro, Ricardo Klass, fue acusado de copiarse en el examen escrito por el que fue elegido magistrado, y uno más, Tomás Hutchinson, se descubrió que luego de ser elegido no residía en la provincia sino que su domicilio era en un hotel de Ushuaia.
(Fuente: Télam)
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