Un informe conocido esta semana, difundido por la agencia de noticias DyN pone un enorme manto de preocupación acerca de la situación de los derechos humanos en Tierra del Fuego.
Según esa información, un estudio realizado por la “correpi” (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) indica que nuestra provincia es la que registra más casos de víctimas de la represión y violencia policial, después de Santa Fe.
Una observación detallada de ese informe (publicado en la página web de la aludida entidad) permite, sin embargo, observar la falta de datos que amparen esa osada estadística (que ataca particularmente a provincias que la “correpi” considera “socialistas”) y que, en rigor, las 17 víctimas supuestamente ocurridas desde 1983 hasta la fecha no están descriptas seriamente, y el único caso concreto citado es el de Víctor Choque, sucedido en 1995, diecisiete años atrás.
Mientras tanto, otros hechos de violencia policial provocados por el accionar policial están siendo juzgados en la provincia, con alto nivel de mediatización y debate, abriendo una polémica que permite, incluso, poner bajo la lupa de la sociedad el propio accionar de la Justicia en todos sus niveles.
Esta “visibilización” de la cuestión que atañe a los derechos humanos indica que en Tierra del Fuego no está todo mal en ese aspecto y que, fundamentalmente, la tan cuestionada política carcelaria empieza a ser revisada y juzgada política y socialmente, por primera vez en mucho tiempo.
Esa discusión es saludable pero implica, a la vez, poner el máximo de responsabilidad, no pasarse a extremos vindicatorios tan peligrosos como la impunidad e informarse sobre la estricta verdad, sin tomar como ciertas expresiones alarmistas e imputaciones viciadas de interés sectario.
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