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“El gobierno hace gárgaras con los Derechos Humanos”

La expresión sintetiza el reclamo de las asociaciones de inquilinos para que desde ámbitos de gobierno se defiendan los derechos de quienes deben alquilar vivienda.

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En < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Argentina hay más de 1.5 millones de casas en alquiler y el negocio multimillonario que ello implica no se encuentra regulado, más que por una Ley de Alquileres que es sistemáticamente violada, sin que el Estado intervenga para corregir los desvíos.

En base a esta premisa, la entidad que nuclea a los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, ha iniciado una campaña de lucha que se extiende progresivamente a todo el país.

En ese marco, anoche disertó en Río Grande el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, Radamés Marini, quien explicitó los principales reclamos que llevan adelante, clasificando los abusos que sufren quienes están obligados a alquilar vivienda, como una violación más a los Derechos Humanos.

Marini se hizo presente en Río Grande invitado por la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego (UITDF), creada en octubre de 2007. El dirigente elevó su reclamo a los gobiernos para que se haga cumplir en toda su extensión la Ley de Alquileres y remarcó la obligación que le cabe al Municipio de controlar y regular el comercio de alquiler de viviendas familiares, particularmente en lo referido a los aspectos reñidos con las normas de seguridad de los inmuebles.

Marini reparó en el desmesurado aumento que ha sufrido la demanda de viviendas y locales para alquilar y subrayó que ello representa un gran negocio para los dueños que, sin control, “suben el precio a su antojo y obligan a los inquilinos a bajar el nivel de calidad y tamaño de su vivienda”. “Y en otros casos, los obligan a irse porque no pueden afrontar el gasto”, deploró.

Ello se consuma “ante la mirada cómplice del gobierno que se hace gárgaras con los derechos humanos, pero después escupe».

En cuanto a la situación local consideró que el Municipio debería ser el encargado de controlar que los propietarios alquilen en condiciones sus viviendas “porque si no, se sigue viviendo una situación de abuso que es desesperante para los inquilinos”.

El visitante, siempre acompañado por Adrián Torres, presidente de la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego, presentó algunos proyectos de ley que la organización impulsa para proteger y subsidiar a los inquilinos. Entre las iniciativas se propicia un fideicomiso a cargo del Banco Nación para financiar garantías que retornen a los inquilinos. Proponen además un sistema de garantías a cargo del Estado, para que se avalen los contratos de locatarios que posean el dinero para alquilar pero no cuentan con las garantías propietarias habitualmente exigidas.

(Audio: Adrián Torres, titular de la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego, en diálogo con Radio Fueguina – La 97)

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