La sospecha de que muchos pensionados como ex combatientes de Malvinas están recibiendo el beneficio en forma indebida, esta vez motivó que más de 700 casos estén siendo investigados por la Justicia Federal que dispondría la baja de aquéllos que no justifiquen haber participado de las acciones bélicas de 1982.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Según publica hoy el diario La Nación, son unos 700 los presuntos falsos veteranos que estarían causando al fisco un perjuicio anual de alrededor de 15 millones de pesos. Cada ex combatiente cobra $ 1788 por mes, equivalentes a tres jubilaciones mínimas.
La investigación judicial se inició a partir de la denuncia de un ex combatiente, refrendada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata. Los centros de Veteranos de Tierra del Fuego no se han sumado todavía al pedido de investigación, aunque en la provincia siempre se sospechó que muchos perciben beneficios como ex combatientes sin haber participado del conflicto. Inclusive en el año 2000 hubo una dura polémica entre los veteranos y el gobierno provincial, que denunció que muchos de ellos cobraban dos y hasta tres pensiones diferentes. A nivel nacional, el caso -por ahora- está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social.
Los pensionados
La duda respecto de que muchos de los pensionados están cobrando indebidamente tiene bases sólidas, al menos en los números. Las nóminas que están bajo la lupa del fiscal incluyen unas 20.000 personas, pese a que las estimaciones de las organizaciones de ex combatientes indican que hubo entre 10.000 y 14.000 soldados en el archipiélago.
A mediados del año pasado, Marijuán confirmó sus sospechas: había 2453 personas que percibían la pensión y que no aparecían en las nóminas de veteranos.
Se descubrió que 1768 beneficios eran percibidos por familiares de ex combatientes que habían heredado la compensación y que correspondía seguir pagándolos. De los otros 685 casos no hay por ahora explicación alguna. Si todos fueran veteranos falsos, sólo durante el año pasado el perjuicio habría ascendido a 14.697.360 pesos.
El número de aparentes irregularidades supera la cantidad de soldados argentinos que cayeron durante el conflicto: 649; 323 en el hundimiento del crucero General Belgrano y 326 en el archipiélago. A eso hay que agregar unos 350 veteranos que se suicidaron desde 1982 hasta la actualidad por las secuelas psicológicas que les dejó el conflicto.
A fines del año pasado, la Ufises comenzó a recibir los resultados del entrecruzamiento de los padrones y a denunciar las irregularidades ante la Justicia. En lo que va del año, Marijuán ya hizo 12 presentaciones por anomalías en la percepción de las pensiones.
Hasta ahora hay dos causas abiertas, que tienen como acusados a los que cobraban indebidamente la mensualidad. Pero el fiscal analiza investigar las responsabilidades políticas.
En la mayoría de los casos se trata de personas que, para obtener el beneficio, presentaron certificados adulterados. También se detectaron casos de hombres que habían estado en las islas pero que cobraban dos pensiones a la vez. Esos beneficios ya fueron dados de baja por la Anses, informó a LA NACION una fuente judicial.
Los beneficios
Las pensiones comenzaron a pagarse en 1990, a partir de la ley 23.848. Esa norma sólo incluía a los ex soldados combatientes conscriptos que hubieran participado en «efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982». En 1996, el beneficio se extendió a todos los ex soldados combatientes conscriptos que estuvieron en las islas y a los que, habiendo estado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entraron «efectivamente en combate».
Al año siguiente se modificó nuevamente la ley para incluir a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplían con los requisitos normativos que se encontraban en situación de retiro o de baja y que, a la vez, no gozaban de pensión alguna.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió por decreto aumentar el monto de las pensiones, que pasaron a ser equivalentes a tres jubilaciones mínimas.
Ahora, por primera vez desde el final de la guerra, el padrón de beneficiarios podría empezar a reducirse, considera La Nación en su nota.