El peritaje que deberán llevar a cabo los Bomberos entre los escombros de la fábrica de plásticos Isla Grande S.A. quedó postergado por 48 horas, por orden del Juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández. Ese es el plazo que tienen para descartar riesgos de radiactividad los expertos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que este jueves arribaron a Río Grande de urgencia.
El Juez designó a tres expertos del organismo para que realicen el monitoreo radiológico “en cuyo marco deberán detectar la presencia de fuentes radiactivas, niveles de radiación y si existe peligro real o potencial para personas, animales y vida vegetal”.
Si bien, desde un principio se ha descartado todo riesgo de origen radiactivo, el protocolo impone se actúe con rigor para aventar las dudas.
La ARN y el porqué de la inspección
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional autárquico dedicado a la regulación en áreas de seguridad radiológica y nuclear, de salvaguardias, y de protección y seguridad física.
A su cargo está la regulación, control e inspección de todas las plantas industriales o de cualquier tipo donde se utilicen materiales de naturaleza radiactiva y, de hecho, mantiene en forma permanentemente actualizada un listado de esos lugares.
Las empresas tiene obligación de informar de inmediato a la ARN cualquier eventualidad que pudiere significar un riesgo de carácter nuclear. Así lo hicieron los responsables de Plásticos Isla Grande apenas ocurrido el siniestro del martes 13 pasado, lo que motivó el urgente traslado de funcionarios del organismo a Río Grande.
Isla Grande está incluida en el listado de empresas reguladas por la ARN por cuanto en su proceso fabril se utiliza un material radiactivo, el Kripton-85, empleado para medir el espesor de los plásticos.
Entre los funcionarios arribados se encontraba un ingeniero a cargo de la subgerencia de la Intervención en Emergencias Radiológicas y Nucleares, quien encabezó la delegación de expertos que ayer se reunieron con el Juez.
Conforme al requerimiento recibido, los técnicos cuentan ahora con 48 horas de plazo para disipar toda duda y elevar el informe al magistrado, antes de que éste autorice a los peritos de Bomberos realizar su tarea, que deberá estar completada en no más de cinco días.
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