La justicia rechazó una medida cautelar solicitada por un grupo de personas incluidas en un listado de la Asistencia de Corredores de Turismo Carretera Fueguino (ACTCF) que aplicará el derecho de admisión en futuras competencias, tras los incidentes ocurridos en diciembre de 2025 en el autódromo de Tolhuin, informó el abogado Sebastián Marchisio, representante legal de Gabriel Melonio, Facundo Melonio, Martina Melonio, Pouhatan Melonio y Agustina Vargas.
«La acción de amparo fue interpuesta ayer (jueves), un día después del comunicado de prensa emitido por la asociación y se entabló una acción de amparo con una medida cautelar, que fue rechazada hoy (viernes), se interpuso una revocatoria que no conmovió a los argumentos del juez que entiendo a todas luces son totalmente equivocados, erróneos, porque el juez considera una situación temporal», explicó Marchisio en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.
El letrado detalló que la presentación buscaba una autorización excepcional para el fin de semana. «El comunicado de prensa es bastante clarito y establece que se va a ejercer el ilegal derecho de admisión hasta tanto se resuelvan las sanciones disciplinarias que correspondan, es decir de acá para el futuro. En la medida cautelar mis clientes solicitaron a la justicia que por este fin de semana, que hay una competencia de pista, en virtud de la ilegalidad del comunicado se les permita ingresar», señaló.
Consultado sobre los fundamentos de la acción judicial, Marchisio sostuvo que el comunicado de la asociación carece de elementos formales. «No se trata de una prohibición o una exclusión porque es bastante ambiguo el comunicado, solamente establece que la asociación se reserva el derecho de admisión, lo cual implica que llegado al caso, si se presentara alguno de los 16 nombrados, entiendo que no le van a permitir el ingreso», afirmó.
El abogado cuestionó la demora en la aplicación de eventuales sanciones. «Es contrario a derecho, porque todo tipo de sanción, ya sea penal o administrativa, conlleva lo que se denomina principio de inmediatez, uno no puede dejar transcurrir un tiempo extremadamente exagerado, en este caso cerca de tres meses, para aplicar algún tipo de sanción», enfatizó.
Marchisio reveló que sus representados no recibieron comunicación formal previa. «En absoluto, nada de nada, por eso mismo se entabló la acción de amparo, ninguno de mis clientes tiene ninguna condena penal firme, no tienen ninguna sanción, no tienen tampoco conocimiento que se estén llevando a cabo actuaciones administrativas, porque no han sido notificados absolutamente de nada», manifestó.
El letrado también planteó objeciones sobre la legitimidad de la conducción de la entidad. «La asociación hace ya más de seis años y medio que está en situación irregular, por lo tanto también le preguntamos al juez con qué autoridad o facultad el señor presidente emite un tipo de sanción cuando la IGJ informa por nota, hay un informe técnico de diciembre del 2025, que le hace saber que se encuentra en situación irregular, que adeudan estados contables y que las autoridades de toda la comisión directiva en pleno están vencidas al 14 de diciembre del 2019», agregó.
Respecto a la postura de sus defendidos, el abogado indicó que acatarán la decisión judicial mientras continúa el proceso: «Mis clientes son respetuosos de la justicia, van a acatar la no autorización podría hacer para ingresar al predio, van a dejar que la acción de amparo tome su curso normal», concluyó Sebastián Marchisio.
La sanción dispuesta por la ACTC
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