En plena investigación penal sobre su conducción, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) comenzó a enviar intimaciones formales a distintos organismos públicos por el incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones patronales acumuladas en los últimos años.
La documentación, fechada en 2026, otorga un plazo de 72 horas para regularizar las deudas bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, en el marco de la Ley Provincial N° 1071. En total, lo reclamado asciende a más de 10.238 millones de pesos.
Entre los principales deudores figuran el Gobierno provincial, con casi 6.000 millones de pesos correspondientes a diciembre de 2025; el Municipio de Río Grande, con más de 3.084 millones por el período junio-diciembre de 2025; la Municipalidad de Tolhuin, con más de 202 millones; la Dirección Provincial de Vialidad, con más de 651 millones desde 2023; además de montos menores reclamados a la Caja de Previsión (sectores activos y pasivos) y al Concejo Deliberante de Tolhuin.
El envío masivo de intimaciones se produce en un contexto de fuerte exposición pública, luego de que se radicara una denuncia penal por presuntas irregularidades en la gestión. Durante años, estas deudas no habrían sido exigidas con firmeza, pese a su impacto directo en la delicada situación financiera de la obra social.
Mientras tanto, los afiliados continúan enfrentando demoras en autorizaciones, restricciones en medicamentos y problemas en la cobertura de prácticas y tratamientos, en una crisis que afecta a trabajadores estatales, jubilados y sus familias.
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