En un giro táctico para despejar el camino legislativo de su proyecto de reforma laboral, el Gobierno nacional intensificó una estrategia de negociaciones bilaterales y reservadas, priorizando el diálogo individual con los gobernadores, en especial con los más críticos, para evitar la consolidación de un frente opositor unificado.
Esta maniobra quedó en evidencia con la reciente suspensión, a pedido del ministro del Interior, Diego Santilli, de una reunión clave que mandatarios opositores habían convocado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El objetivo oficial es fragmentar las resistencias y blindar los apoyos parlamentarios necesarios mediante acuerdos que contemplen reclamos puntuales de cada distrito.
La cancelación de ese encuentro colectivo respondió también a la decisión de varios mandatarios alineados con la Casa Rosada de mantener un perfil bajo, en sintonía con la intención del Ejecutivo de canalizar las discusiones en ámbitos más reducidos y discretos.
Frente a este movimiento, los gobernadores más opositores, entre los que se encuentra el fueguino Gustavo Melella, evalúan ahora la posibilidad de coordinar posiciones a través de una reunión virtual, en un intento por no perder articulación política frente a la ofensiva oficial.
La hoja de ruta del Gobierno combina negociaciones sobre infraestructura, compromisos previsionales y transferencias de competencias, buscando capitalizar demandas históricas de las provincias a cambio de respaldo legislativo.
Un ejemplo de este mecanismo fue la reunión sostenida por el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se plantearon cuestiones específicas como el traspaso de rutas nacionales y el acuerdo por la deuda previsional provincial.
No obstante, esta estrategia de acuerdos bilaterales no ha silenciado las críticas de fondo. Los gobernadores opositores sostienen, de manera generalizada, que una reforma de tal envergadura requiere un debate amplio e inclusivo, con la participación activa de todos los sectores involucrados en el mundo del trabajo.
Argumentan que una norma elaborada sin la consulta previa de trabajadores y pequeñas y medianas empresas adquiere un marco excesivamente sectorial y que la mera modificación legal no solucionará por sí sola los problemas de generación de empleo, los cuales están intrínsecamente ligados a la dinámica económica general y a las relaciones laborales.
Mientras el oficialismo acelera el cronograma parlamentario y busca cerrar compromisos individuales, el creciente número de condicionamientos por parte de las provincias y la persistente resistencia a los fundamentos del proyecto anticipan que el camino hacia la aprobación final estará atravesado por nuevas tensiones.
La efectividad de la estrategia gubernamental de dividir para conquistar se pondrá a prueba en las próximas semanas, definiendo si logra consolidar los votos necesarios o si, por el contrario, las demandas de un debate más integral logran rearticular un bloque opositor capaz de exigir modificaciones sustanciales al articulado de la reforma.
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