Una coalición de organizaciones sociales con base en La Plata convocó a una marcha de protesta para el próximo viernes 6 de febrero. La concentración se realizará a las 10 horas frente a la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego, ubicada en la calle Sarmiento 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo expreso del acto es manifestar un firme rechazo a la intervención y posterior inhabilitación del puerto de Ushuaia, medida ejecutada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 4/2026, firmada por el presidente Javier Milei.
En un comunicado difundido para convocar a la acción, las entidades firmantes realizaron una grave denuncia. Afirman que esta disposición gubernamental no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de lo que califican como «un plan sistemático de entrega de nuestra posición en el Atlántico Sur y la Antártida».
Según su perspectiva, la medida responde a un «alineamiento geopolítico automático» con potencias extranjeras, específicamente mencionando a Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. Este alineamiento, sostienen, se da en un escenario internacional marcado por una creciente disputa y conflicto global.
El documento profundiza en sus advertencias, señalando que consideran esta intervención estatal como el antecedente necesario para una finalidad de mayor alcance.
Alertan que el propósito ulterior sería poner tanto el Puerto de Ushuaia como el Polo Logístico Antártico «al servicio de intereses militares y comerciales de los Estados Unidos y sus aliados». Esta acción, concluyen, facilitaría una «presencia extranjera directa en la puerta de entrada a la Antártida», un espacio de vital importancia estratégica.
Asimismo, las organizaciones contrastan la decisión nacional con las acciones del Reino Unido, a quien acusan de consolidar su base militar en las Islas Malvinas. En este contexto, argumentan que la resolución presidencial «debilita nuestra capacidad de defensa y control sobre el Mar Argentino, sus recursos naturales y el paso interoceánico».
Frente al panorama descrito, las agrupaciones han formulado una serie de exigencias concretas al Poder Ejecutivo. Demandan el cese inmediato de la intervención del puerto y la devolución de su administración a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Paralelamente, requieren la anulación formal de la Resolución 4/2026 y el freno urgente a cualquier iniciativa que, a su criterio, pueda derivar en la privatización o en una militarización foránea de las instalaciones portuarias y las vías navegables nacionales.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Octubres, el Frente 22 de Agosto, NuestraAmérica, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista Combativa, el Frente Patriótico por la Justicia Social, SURGE Movimiento Nacional, la Organización 25 de Mayo, el Movimiento Popular Los Pibes, la Agrupación De Frente, la Corriente Eva Perón, la Federación Nacional Campesina, Mayoría Popular, FENAT CTA A, la Corriente Nuestra Patria, la CTD Aníbal Verón y la Asociación contra la Violencia Institucional.
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